Colombia
Exministro de Hacienda Ricardo Bonilla tendrá que seguir en prisión por investigación de corrupción en la Ungrd: esto dijo el Tribunal
Ricardo Bonilla González, quien fue ministro de Hacienda, continuará detenido mientras se tramita el proceso penal por su presunta participación en el escándalo de corrupción vinculado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La decisión de mantener la medida fue tomada tras la negativa del Tribunal Superior de Bogotá al habeas corpus solicitado por la nueva defensa de Bonilla, aludiendo que la apelación presentada el 18 de diciembre de 2025 aún no fue resuelta. Por motivo de seguridad, Bonilla se encuentra en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), en el noroccidente de Bogotá.
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Es importante mencionar que la defensa del exfuncionario alegó que los retrasos en la solicitud de la apelación son una violación directa a sus derechos procesales, especialmente considerando que recientemente cumplió 76 años. En dicha solicitud, se destacó que “desde la privación de libertad, no se ha notificado a los apoderados el acta de reparto ni el fallo que resuelva la alzada”.
La magistrada Alexandra Rosero evaluó la gravedad de los hechos para rechazar la solicitud de prisión domiciliaria y optó por conservar la medida de detención. La fecha de la audiencia para decidir sobre la apelación presentada por la defensa será anunciada en los próximos días.
Después de esta negativa, el exministro será llevado ante la Corte Suprema de Justicia para responder por las acusaciones de interés indebido en la celebración de contratos, asociación para delinquir agravada y cohecho por ofrecer o aceptar. En el archivo de la Fiscalía se indica que en 2023, mientras era titular de Hacienda, Bonilla recibió información sobre la manipulación de contratos tanto de la Ungrd como del Instituto Nacional de Vías (Invías).
La fiscal del caso reveló que Ricardo Bonilla solicitó al entonces director de la Ungrd, Olmedo López, que gestionara contratos para varios congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público —Wadith Alberto Manzur, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrid Manrique Olarte, Juan Diego Muñoz Cabrera, Liliana Ester Vitar Castilla y Juan Pablo Gallo Maya— “que habían mostrado interés ilícito”. Según la acusación, el objetivo era “favorecer a los congresistas” y garantizar que, antes del cierre del periodo legislativo, se sometieran a votación proyectos de interés para el Gobierno nacional.
De mayo de 2023 a mediados de 2024, la Fiscalía sostiene que Bonilla González y Luis Fernando Velasco establecieron acuerdos con actores “conocidos y desconocidos” para “cometer delitos contra la administración pública” con el fin de garantizar las mayorías parlamentarias que facilitaran la aprobación de leyes del Gobierno y la gestión exitosa de créditos del Estado. Esta estrategia, según los fiscales, es central en el proceso por el que Bonilla permanece en detención, a la espera de la resolución de su apelación.
La Fiscalía ha indicado que, entre septiembre y diciembre de 2023, intercedieron en tres contratos de la Ungrd destinados a la atención y mitigación de emergencias en Saravena, Arauca, Cotorra, Córdoba, y el corregimiento El Salado en Carmen de Bolívar, por un monto total de $86.619.000.000. Las evidencias sugieren que estos contratos no fueron direccionados, aunque los congresistas que serían beneficiados aprobaron 17 notas de crédito de endeudamiento para el Gobierno nacional.
De ser encontrados culpables, los exministros podrían enfrentar condenas que superen los doce o quince años en prisión y multas que podrían alcanzar hasta 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
