Colombia
Delegación del Gobierno pidió a grupos armados en Buenaventura un compromiso público de no interferencia en las elecciones
A pocos días de las elecciones al Congreso, las consultas interpartidistas y las votaciones a Juntas de Acción Comunal, la delegación del Gobierno encargada del proceso de paz con grupos armados en Buenaventura envió una comunicación oficial a las organizaciones armadas pidiéndoles que se abstengan de interferir en el proceso democrático.
El documento, datado el 26 de febrero de 2026 y dirigido a las “Estructuras Armadas Organizadas de Alto Impacto” de Buenaventura, indica que la petición se hace “en el marco de la política pública de paz y conforme a la Ley 2272 de 2022”, ante la cercanía de la jornada electoral.
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En la carta, la delegación del Gobierno expresó: “solicita un pronunciamiento público y formal por parte de las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto Shottas y Espartanos, así como de la estructura Los Chiquillos”.
El documento menciona que el pronunciamiento debe incluir “un compromiso claro, público y verificable de no interferencia en la jornada electoral”, que abarca elecciones legislativas, consultas interpartidistas, la elección presidencial y las votaciones a Juntas de Acción Comunal.
Además, la delegación subrayó que el compromiso debe incluir el respeto por “la vida, integridad, libertad y derechos políticos de las comunidades en el Distrito Especial de Buenaventura”.
La comunicación fue firmada por Fabio Ariel Cardozo Montealegre, jefe de la delegación del Gobierno; Jesús Flórez, delegado del Gobierno nacional; Adriel Ruiz Galván, Laura Rutiñe Giraldo y Jhon Henry Arboleda, también delegados del Espacio de Conversación Socio jurídica.
La solicitud de la delegación se produce en un contexto donde varios informes advierten sobre los riesgos en el desarrollo de las elecciones. Un informe de la Universidad de San Buenaventura, en colaboración con la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Registraduría Nacional, destacó un “alto riesgo de fraude y violencia electoral en 170 municipios, de los cuales 81 están en riesgo extremo”.
De acuerdo con este análisis, estas áreas concentran aproximadamente 4,5 millones de votantes, que representan más del 11% del total electoral nacional. Las señales de posible fraude incluyen el ofrecimiento de incentivos a cambio de votos, la presión para votar por candidatos específicos, el traslado irregular de electores, así como la suplantación de identidad y la manipulación de actas.
Asimismo, la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) advirtió sobre la importancia de “las denuncias oportunas para impedir que estos delitos afecten los resultados de las elecciones”, enfatizando la necesidad de reportar posibles irregularidades.
Las autoridades electorales aconsejan que, si un votante presencia un acto de fraude o coacción, no debe confrontar a las personas implicadas. En cambio, se recomienda recopilar información crucial como lugar, hora y descripción de los eventos, y reportarlos inmediatamente a los funcionarios electorales presentes en el centro de votación.
La Fiscalía General de la Nación ha habilitado la plataforma Denuncia Fácil y la Línea 122 para recibir denuncias formales relacionadas con delitos electorales, facilitando el acceso a la justicia en estos casos.
Por otro lado, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea señaló que en 2022, el 7% de las mesas de votación evidenciaron signos de compra de votos, un dato que resalta la importancia de la vigilancia durante el proceso electoral.
Con más de 41 millones de votantes habilitados en el país, las autoridades y las organizaciones de observación han reiterado el llamado a la ciudadanía para que identifique señales sospechosas de fraude y utilice los canales institucionales para denunciar.
