Abogado de Ricardo Bonilla aseguró que su detención por el caso de la Ungrd “excesiva e injusta”: “Debe ser respetado”

El abogado Alejandro Carranza se manifestó respecto a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de rechazar un habeas corpus interpuesto por el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, con la esperanza de conseguir su libertad.

El exjefe de la cartera, bajo investigación por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), se encuentra bajo arresto debido a una medida de aseguramiento en un centro penitenciario, recluido en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo) desde diciembre de 2025.

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Carranza, quien además de ser parte de la nueva defensa de Bonilla, representa al presidente Gustavo Petro y a su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, se expresó sobre el tema a través de su cuenta en X. En una publicación, afirmó que el Tribunal aún no ha asignado un magistrado que revise y resuelva la apelación presentada por la defensa del exministro de Hacienda.

“La petición de habeas corpus preventivo indica una situación alarmante en la sala de gobierno del Tribunal. Hasta ahora, no han asignado un magistrado para decidir la apelación presentada por la defensa del Dr. Bonilla. ¿Por qué? Si ya eligieron a un magistrado, ¿por qué no ha tomado una decisión después de dos meses?”, cuestionó Carranza.

Remarcó que la libertad del acusado es un derecho esencial que debe ser respetado y protegido, y por tanto, no debe considerarse un tema “trivial”, especialmente en un período electoral. Las elecciones al Congreso y las consultas interpartidistas se llevarán a cabo el 8 de marzo, y las elecciones presidenciales en Colombia están programadas para el 31 de mayo.

El abogado declaró que el exjefe de la cartera debería poder enfrentar el proceso penal en libertad, hasta que la justicia alcance una decisión sobre su situación. “La libertad es el bien más invaluable, y estamos decididos a luchar por el Dr. Bonilla, pues consideramos que su detención es excesiva e injusta”, afirmó Carranza en la red social.

El exfuncionario del Gobierno Petro es objeto de investigación por delitos como concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por ofrecer o dar. En la audiencia de imputación de cargos, celebrada el 18 de diciembre de 2025, Ricardo Bonilla no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

El exministro está acusado de haber dado órdenes, convocado reuniones y supervisado proyectos de inversión de la Ungrd y del Instituto Nacional de Vías (Invias) para ser asignados a determinados congresistas, con el supuesto propósito de asegurar un apoyo legislativo para las reformas sociales del Gobierno.

Las indagaciones de la Fiscalía apuntan a que Bonilla y el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que enfrenta también un proceso penal por estos hechos, habrían intervenido de manera incorrecta en 79 contratos valorados en $612.237 millones, de los cuales se concretaron siete. También habrían influido en tres contratos de la Ungrd por un total de $86.619 millones que no llegaron a ser dirigidos. Sin embargo,, los congresistas que se beneficiarían de estos contratos sí cumplieron con su parte al aprobar 17 notas de crédito de endeudamiento a favor del Gobierno.

“Entre noviembre de 2023 y marzo de 2024, Bonilla González y Velasco Chaves supuestamente intervinieron ilegalmente para que un contrato de la Ungrd, destinado a ejecutarse en Sahagún (Córdoba) y que ascendía a 35.000 millones de pesos, se otorgara a personas cercanas a un congresista de la Comisión Primera del Senado, aunque finalmente no se concretó”, aclaró la Fiscalía en un comunicado.