Famisanar respondió por polémico contrato de $4.000 millones en Córdoba y advirtió que “no se presta a campañas políticas”

La EPS Famisanar se pronunció sobre la controversia causada por un contrato de $4.095 millones firmado durante la intervención administrativa, asegurando que la operación no perjudica la prestación de servicios de salud ni compromete los recursos destinados a sus afiliados.

La situación se originó cuando el representante a la Cámara Andrés Forero, del Centro Democrático, denunció irregularidades en la contratación con una empresa de Córdoba.

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El congresista afirmó que Germán Darío Gallo, interventor de Famisanar, habría firmado un acuerdo con una compañía que no está vinculada al sector salud y tiene un capital de solo $5 millones. De acuerdo con Forero, la empresa contratada no tiene página web ni antecedentes claros en el sector, y el contrato ha sido criticado por su monto y alcance.

El contrato en cuestión fue firmado con Oslo Ltda., registrada en Montería, Córdoba. El representante Forero explicó que Famisanar no tiene afiliados en ese departamento, lo que plantea incertidumbres sobre la necesidad y eficacia del contrato. De acuerdo al congresista, el objetivo del acuerdo es brindar servicios de asesoría y consultoría para fortalecer los planes de acción y estrategias de mejora en las empresas.

Este contrato, que es válido desde el 2 de enero hasta el 31 de julio de 2026, fue acordado por un total de $585.022.026 más IVA, con pagos a realizarse en los 30 días siguientes a la presentación de la factura. Según el certificado de la Cámara de Comercio de Montería, la compañía tiene como objeto la recuperación de créditos, administración de bienes inmuebles, asesoría y suministro de papelería, entre otras actividades, lo que, según Forero, no está alineado con los servicios de salud.

Además, el congresista mostró una imagen satelital de la ubicación de la empresa, donde se puede ver una vivienda común, lo que refuerza sus dudas sobre la competencia de la firma.

En un comunicado, Famisanar aclaró que el contrato no tiene como objetivo prestar servicios de salud, sino que se refiere a la asesoría y consultoría para apoyo técnico en la evaluación y mejora de los procesos internos de la EPS. El documento específica que: “No es para atender pacientes, autorizar procedimientos, entregar medicamentos ni substituir clínicas u hospitales”.

Con respecto a los fondos utilizados, la EPS mencionó que el pago se lleva a cabo con recursos propios de la entidad y no con los de la UPC (Unidad de Pago por Capitación) destinados a la atención de los afiliados. Según el comunicado, no es cierto que este contrato afecte los servicios médicos ni la atención a los afiliados.

Famisanar mencionó que la asesoría se proporciona en Bogotá, donde se concentra la operación administrativa y estratégica de la EPS, y que la empresa contratada tiene presencia allí para llevar a cabo sus actividades. “No tener afiliados en Córdoba (o en cualquier departamento) no impide que un contrato de asesoría y consultoría se ejecute en Bogotá, ya que no se trata de atención médica, sino de un servicio profesional de apoyo administrativo y técnico”.

El comunicado también señala que la intervención tiene como objetivo ordendar, fortalecer y asegurar la continuidad del servicio de salud, y que las decisiones, incluidas las contrataciones, se toman con criterios técnicos y legales para mejorar el funcionamiento de la entidad y su sostenibilidad.

“Reiteramos en EPS Famisanar nuestro compromiso con la transparencia, la correcta gestión de los recursos y la protección de nuestros afiliados. Estamos dispuestos a proporcionar más información a través de los canales institucionales. Reafirmamos que la EPS Famisanar no se presta para ser objeto de campañas políticas, las cuales siguen poniendo en riesgo la seguridad de los funcionarios, de mi familia y de mi vida. Una vez más, estamos abiertos al diálogo y a la transparencia en nuestros procesos”, concluyó el interventor de la EPS Famisanar.