Colombia
Así fue cómo un abogado estafó por $2.843 millones con pensiones de invalidez en el Eje Cafetero, la Corte ratificó condena
Un caso de fraude en el sistema de pensiones ha sacudido al Eje Cafetero después de que, el 25 de febrero de 2026, se revelara que la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a un abogado acusado de modificar documentos para obtener beneficios ilegítimos.
El caso, que involucra grandes sumas de dinero y afecta directamente los fondos de Colpensiones y el antiguo Instituto de Seguros Sociales (ISS), ha expuesto una red delictiva dedicada a este tipo de fraudes.
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El abogado, Fabián Alberto Montoya Calderón, fue hallado culpable de fraude procesal y estafa agravada por su papel en la manipulación del sistema de pensiones de invalidez en el Eje Cafetero entre 2011 y 2014.
Las pesquisas de la Fiscalía General de la Nación revelaron que Montoya Calderón, junto a otro abogado, representó a ciudadanos que buscaban el reconocimiento de pensiones de invalidez ante Colpensiones —en ese tiempo, Instituto de Seguros Sociales (ISS)— utilizando informes médicos falsificados.
Los documentos judiciales indican que se presentaron papeles aparentemente emitidos por las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez de Quindío, Risaralda y Caldas. Sin embargo, los datos de identificación pertenecían a personas distintas a quienes reclamaban la pensión.
Esta conducta permitió a los abogados obtener el desembolso de retroactivos y pensiones a favor de sus clientes, afectando negativamente los fondos de ISS y Colpensiones.
La condena asignó a Montoya Calderón la responsabilidad de 52 reclamaciones fraudulentas, con un total que alcanzó los $2.843 millones. En noviembre de 2023, la Fiscalía realizó la ocupación de bienes en Pereira y Caicedonia, valorados en cerca de $1.000 millones, que estarían ligados al condenado.
La Corte Suprema ha ordenado remitir copias para que la Fiscalía considere iniciar un proceso de extinción de dominio sobre los fondos públicos que fueron indebidamente desembolsados como resultado de estas solicitudes de pensión fraudulentas.
La sentencia de primera instancia, emitida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Armenia, estableció una condena de 20 años de prisión. Posteriormente, el Tribunal Superior de Armenia confirmó la culpabilidad, ajustando la pena a 15 años y dos meses de prisión.
Una mujer en Bogotá denunció haber sido víctima de una estafa al intentar vender su vehículo a través de redes sociales.
Según su relato, proporcionado a Noticias Caracol, la cantidad convenida por la venta nunca fue depositada, y al buscar asistencia de la Policía Metropolitana, el procedimiento terminó favoreciendo al supuesto estafador, quien finalmente se llevó el vehículo.
El incidente comenzó cuando, ante inconsistencias surgidas durante la negociación, ambas partes decidieron acudir a una estación de policía para solicitar mediación. Según la afectada, quien había dado a luz recientemente, llegó a la estación a bordo de su carro, sentada en la parte de atrás y alimentando a su hijo, mientras que el presunto estafador conducía el vehículo. Al llegar, el oficial asignado decidió entregar el carro a la persona que lo manejaba en ese momento, es decir, al señalado por la mujer como responsable del fraude.
La víctima cuestionó la decisión del policía, dado que la tarjeta de propiedad del automóvil seguía a su nombre. El informe oficial del oficial admitió que la documentación validaba la propiedad de la mujer, pero no explicó por qué el vehículo fue entregado a un tercero. La situación empeoró posteriormente, ya que ni la propietaria ni su abogado han podido localizar al presunto estafador ni al vehículo.
Juan Manuel Castellanos, abogado de la denunciantes, explicó que hasta el momento no ha sido posible completar el traspaso del vehículo debido a impuestos y multas pendientes. También mencionó que los números de teléfono de la víctima fueron bloqueados por el comprador y un presunto intermediario en WhatsApp, dificultando cualquier comunicación.
El representante legal expresó su preocupación por el procedimiento policial, afirmando que el carro permaneció desde el viernes hasta el lunes en las instalaciones de la Policía del barrio Ricaurte sin orden judicial, medida cautelar ni aprehensión que lo justificara.
Castellanos señaló que “ningún ciudadano optaría voluntariamente por dejar su vehículo en un CAI sin orden alguna” y criticó la justificación del oficial, que argumentó haber entregado el carro a quien lo conducía. El abogado calificó esta actuación como un “procedimiento grosero” y sostuvo que el policía “creó una figura jurídica que no existe”, ignorando que la documentación validaba a su clienta como propietaria.
La defensa ha elevado denuncias por presunta estafa, hurto y posibles delitos contra la administración pública por parte del oficial, solicitando a las autoridades investigar la trazabilidad económica y las cuentas del policía implicado.
