Salió a la luz posible decisión de Indumil que posibilitaría compra de armas por ciudadanos: esto dice el documento

Un documento interno de la Industria Militar de Colombia (Indumil) propone una posible modificación en la política de precios y acceso a armas de fuego en el país.

La comunicación estaría dirigida al general Carlos Fernando Silva Rueda, comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, y está firmada por el presidente de la entidad, el coronel (r) Juan Carlos Mazo, quien reconoció la necesidad de facilitar el acceso a armas a través de una mejora en la asequibilidad.

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Según lo reportado por los medios, esta medida, con el asunto “ajuste en la política de precios de las armas de la defensa nacional por parte de Indumil”, se implementaría a partir del lunes 2 de marzo de 2026, con el objetivo de reducir significativamente los costos de pistolas y escopetas para los ciudadanos, en respuesta a una “aumentada necesidad de defensa personal” y a la demanda pública, según el recurso documental revelado por la revista Semana.

“A partir del lunes 02 de marzo de 2026, la nueva política reemplazará el modelo de beneficios limitados con una estructura de precios más bajos, homogéneos y estandarizados para todos los clientes de defensa personal. Esta medida se basa en la optimización de los márgenes de utilidad de la empresa, asegurando mayor equidad, transparencia y acceso en el mercado”, se destaca en el documento.

Dentro de las metas también está el control de precios de armas para los miembros de la Fuerza Pública del país, aplicando los descuentos que poseen las instituciones.

“El objetivo de esta iniciativa es reforzar el compromiso institucional con la defensa personal responsable, facilitar el porte deportivo y garantizar el acceso equitativo de los ciudadanos a medios de protección regulados, mediante la implementación de un esquema comercial más eficiente, transparente y sostenible. Además, este esquema asegurará precios más favorables para los miembros de la Fuerza Pública, quienes anteriormente adquirían armas con un descuento del 20%“, se indica en la carta.

El texto explica que los descuentos en armas nacionales variarían entre 1,5 millones y 4,5 millones de pesos, dependiendo del tipo de arma. Por ejemplo, la pistola Córdova compacta pasaría de 7.022.509 a 5.525.520 pesos, mientras que la versión estándar disminuiría su precio de 8.063.748 a 5.471.400 pesos, conforme a lo publicado.

Las armas importadas también experimentarán reducciones significativas. La pistola Smith & Wesson disminuiría de 8.912.244 a 5.402.760 pesos, mientras que la Glock 19 bajaría de 12.640.980 a 6.535.320 pesos. La pistola Beretta, que anteriormente costaba 11.692.296 pesos, recibirá un descuento de cerca de 4,5 millones de pesos.

El documento indica que uno de los pilares de la nueva política es la estandarización de los descuentos y precios, buscando mejorar la transparencia, la trazabilidad y la satisfacción del cliente al integrar estos valores en plataformas digitales. Además, desde Indumil se mencionó que la industria ha sufrido por una estructura de precios elevada, lo que ha generado distorsiones en el mercado y ha desincentivado la competitividad.

La revelación de Semana también menciona que en ocasiones recientes, la fuerza pública ha hallado municiones de Indumil en manos de organizaciones armadas ilegales, como sucedió en una fábrica de explosivos del ELN descubierta en el sur de Bogotá.

La nueva política de Indumil, según el documento, buscaría garantizar un acceso equitativo y responsable a medios de protección regulada, reforzando los controles, la eficiencia y la transparencia en los procesos de venta.

El Gobierno colombiano anunció el 1 de enero de 2026 que mantendrá la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego hasta el 31 de diciembre de 2026, después de la firma del Decreto 1482 por parte del presidente Gustavo Petro.

Esta medida, que entra en vigor desde el 1 de enero, fue oficializada en una publicación del Ministerio de Defensa y busca preservar el orden público en todo el país.

El decreto, firmado también por el ministro de Defensa Pedro Sánchez, fundamenta la prórroga en lo establecido por el Decreto 2362 de 2018 y las facultades constitucionales del Presidente para regular la seguridad interna. Su vigencia es inmediata desde su publicación y de cumplimiento obligatorio a nivel nacional.

Durante años, el debate sobre el porte de armas ha persistido en Colombia. Propuestas recientes, como la eliminación de la figura de porte especial promovidas por los representantes José Jaime Uscátegui y Heráclito Landinez, permitirían que personas sin antecedentes penales ni psiquiátricos obtuvieran armas para defensa personal, pero estas iniciativas no han avanzado en el Congreso.