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Esta semana, los ahorros pensionales de los colombianos volvieron a ser motivo de preocupación por cuenta de un proyecto de decreto que obligaría a los fondos privados a trasladar más de 25 billones de pesos a Colpensiones.
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Sin embargo, esta no es la única medida con incidencia en el sistema. En los últimos meses, el gobierno del presidente Gustavo Petro tomó otras dos decisiones que han causado efectos preocupantes sobre las pensiones.
Aunque son independientes, el incremento del salario mínimo y la modificación del parámetro de deslizamiento (Decreto 1485 de 2025) producen consecuencias sobre los trabajadores afiliados y los pensionados en el régimen privado.
“El efecto agregado de estas medidas se traduce en un riesgo sobre el seguro previsional, un menor ahorro, pensiones más bajas, y mayores exigencias de capital y de tiempo para pensionarse”, alertó Asofondos en un informe.
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Foto:Jaime Moreno
En 2025, el mínimo era de 1’423.500 pesos, pero este año subió 23 por ciento para quedar en 1’750.905 pesos, convirtiéndose en el mayor incremento real de los últimos 50 años, al situarse 18 puntos por encima del 5,1 por ciento de la inflación.
Dicho aumento fue ratificado la semana pasada por el Gobierno Nacional luego de que el Consejo de Estado ordenara la suspensión provisional del Decreto 1469 de 2025, a través del cual se había fijado inicialmente.
En cuanto al parámetro de deslizamiento, el decreto del Ministerio de Hacienda modificó el cálculo que deben utilizar las aseguradoras para proyectar el crecimiento anual de las mesadas de rentas vitalicias.
Ahora, se tomará el mayor valor entre el promedio del crecimiento real anual de la productividad de los últimos 10 años y el 35 por ciento del promedio de la inflación anual observado durante el mismo periodo.
En la práctica, este cambio implica que el Gobierno deja de hacerse responsable de los costos que genera un incremento desmedido del salario mínimo sobre las pensiones, trasladando dicha carga a afiliados y pensionados.
Al combinar el aumento real del salario mínimo con el nuevo parámetro de deslizamiento, se elevan de manera significativa los umbrales de capital para acceder a una renta vitalicia.
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Foto:iStock
Mientras que en 2025 una renta vitalicia de salario mínimo costaba aproximadamente 350 millones de pesos, este año su costo aumentó hasta los 550 millones de pesos.
De acuerdo con Asofondos, esto representa un incremento del 57 por ciento y obliga a los colombianos a ahorrar alrededor de 200 millones de pesos adicionales para poder pensionarse.
Con el nuevo parámetro de deslizamiento, también aumenta el costo actuarial de las pensiones mínimas que debe respaldar el seguro previsional, encargado de cubrir los riesgos de invalidez y muerte de los afiliados antes de la jubilación.
El costo para el sector se eleva al 2,63 por ciento, quedando peligrosamente cerca del techo legal del 3 por ciento. De mantenerse esta tendencia, el límite podría superarse en los próximos años, haciendo financieramente inviable la operación del seguro bajo las reglas actuales.
“La continuidad del seguro está en riesgo, lo que podría dejar a más de 19 millones de afiliados sin cobertura frente a invalidez o muerte, contrariando los principios fundamentales de la seguridad social”, alertó Asofondos.
Sumado a esto, otra consecuencia de esta medida es que 12.400 personas deberán posponer su pensión y seguir cotizando. De este total, 1.300 ya habían alcanzado la edad para jubilarse.
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Foto:iStock
Se trata de afiliados que tenían el capital suficiente para una renta vitalicia bajo la normatividad anterior, o que no cumplían las semanas requeridas para acceder al Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM).
En promedio, estas personas deberán cotizar 4,6 años adicionales, pese a haber alcanzado la edad de retiro y contar con un ahorro que, hasta el año pasado, les otorgaba una expectativa legítima de jubilación.
Otro grupo afectado lo conforman quienes antes podían autofinanciar su pensión mínima y ahora no alcanzan el capital exigido, o aquellos que sí cumplen o cumplirán las semanas requeridas para la garantía de pensión mínima.
Estas personas ingresan al FGPM, generando un mayor pasivo fiscal. Asofondos calcula que en 2026 habrá unos 3.600 afectados, pero en 15 años la cifra subirá a 32.500 personas, con un costo fiscal acumulado de 4,8 billones de pesos.
El tercer grupo impactado son los pensionados bajo la modalidad de retiro programado sin garantía de pensión mínima. El encarecimiento de la renta vitalicia los obliga a aumentar sus reservas actuariales y a recalcular su mesada con el saldo restante.
Se estima que 72.600 personas ya están sintiendo reducciones importantes en sus pensiones que, dependiendo el caso, pueden llegar hasta un 50 por ciento de lo percibido el año pasado.
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Foto:iStock
A estos efectos se suma ahora el proyecto de decreto que ordena trasladar los 25 billones de pesos ahorrados por los trabajadores que se acogieron a la “ventana de oportunidad de traslado” prevista en la reforma pensional, la cual se encuentra actualmente suspendida por la Corte Constitucional.
El Gobierno Nacional busca que estos recursos pasen a Colpensiones, a pesar de que la reforma establece que deben ser administrados por los fondos privados hasta que se consolide la pensión; solo en ese momento pasarían al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo manejado por el Banco de la República.
De acuerdo con el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, este dinero se usaría para que Colpensiones pague las mesadas a su cargo, aumentando el pasivo pensional que actualmente bordea el 200 por ciento del producto interno bruto (PIB).
Además, este traslado profundizaría el hueco fiscal del país, pues el Ministerio de Hacienda liberaría una caja de 25 billones de pesos que le otorgaría un margen adicional para aumentar el gasto público.
Para algunos expertos resulta inquietante que estas decisiones se tomen en un periodo electoral en el que se elegirá al nuevo Congreso y al próximo presidente de la República.
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