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En medio del intenso ciclo de noticias propio de Colombia, que ha sido dominado en las últimas semanas por lo relacionado con la carrera presidencial y las tragedias naturales, hay asuntos que quedan relegados a un plano marginal. Uno de ellos es la evolución de las finanzas del Gobierno, cuyo acelerado proceso de deterioro continúa.
Lejos de las advertencias de los especialistas, el Ejecutivo mantiene el rumbo fijado de manera inamovible desde cuando Germán Ávila llegó al ministerio de Hacienda un año atrás. Este consiste en gastar todo lo que sea posible, acudiendo a mecanismos poco ortodoxos para darle espacio a la chequera estatal.
Los esquemas utilizados son múltiples y van desde la búsqueda de nuevas fuentes de recursos mediante el uso de figuras como la emergencia económica o la potencial apropiación de recursos que manejan los fondos de pensiones, hasta un manejo de la deuda pública que los más benévolos califican de audaz y los más críticos de irresponsable. La estrategia también incluye -en la práctica- el desmonte de talanqueras como la ley de garantías que limita la contratación durante la época electoral.
Para diferentes observadores, todo lo mencionado forma parte de un propósito claramente político. No se trata de la urgencia típica de las administraciones con el sol a la espalda, las cuales buscan acabar a marchas forzadas las obras inconclusas para que el mandatario saliente se despida inaugurando carreteras, hospitales o colegios, sino de aceitar la maquinaria y ganar adeptos a punta de dinero.
Siendo descarnados, el objetivo consiste en conservar el poder o, por lo menos, quedarse con una cuota lo suficientemente significativa como para recuperarlo al cabo de cuatro años. Ello hace que los próximos comicios legislativos sean vistos como una cita crucial para que el Pacto Histórico cuente con una buena tribuna desde el Congreso y de paso eso le sirva de muro de contención en caso de que a la Casa de Nariño llegue alguien que no sea cercano a sus afectos.
Pero más allá de esas elucubraciones, hay algo que resulta incuestionable. La cuenta de cobro de las maniobras ensayadas será sufragada por los colombianos en los años por venir. Y todo apunta a que saldrá cara.
Cálculos hechos por el área de investigaciones económicas de Corficolombiana muestran la magnitud de lo que viene. Según la entidad, tanto solo una operación de manejo de la deuda pública completada el semestre pasado llevó a que el valor presente del servicio de las acreencias gubernamentales pase de 707 a 830 billones de pesos. Y en lo que corresponde únicamente a intereses la factura adicional superará los 49 billones, distribuidos a lo largo de varias décadas.
Semejante suma, implica que serán necesarias varias reformas tributarias para cubrir el faltante o que acabará resultando obligatorio apretarse el cinturón, lo cual implicará sacrificar programas sociales o de inversión pública. Ello por cuenta de los excesos de un Gobierno que puso en práctica el conocido “paga el que sigue”, a sabiendas de que está sembrando vientos que pueden llevar a cosechar tempestades.
Como si lo anterior no fuera suficiente, hay otras señales preocupantes. La semana pasada los bonos de tesorería (TES) llegaron a negociarse por encima del 14 por ciento anual en el mercado secundario, unos cuatro puntos porcentuales por encima del nivel de octubre. Descontada la inflación, ese nivel es el más elevado desde hace rato.
Y en lo que corresponde a los indicadores de riesgo, estamos en el último lugar frente a nuestros pares en América Latina. Incluso Brasil, cuyos desequilibrios fiscales son inmensos, recibe una calificación muy superior, para no hablar de la considerable distancia que nos separa de Chile o México.
De mal en peor
Entender por qué Colombia llegó a la inquietante situación actual se resume en lo que muestran las estadísticas oficiales. En comparación con 2019 los gastos gubernamentales han aumentado a un ritmo cinco veces superior al de los ingresos, con lo cual hay un saldo en rojo grande, que apunta a ser cada vez mayor.
Es verdad que a comienzos de la década tuvo lugar la pandemia. Por cuenta de la emergencia sanitaria y del confinamiento obligatorio aparecieron obligaciones de la noche a la mañana, al tiempo que los recaudos se desplomaban. Tal como en la mayoría de los países, aquí se abrió una enorme brecha fiscal.
Sin embargo, el saldo en rojo comenzó a cerrarse con rapidez una vez llegó la reactivación, que en el caso nacional fue particularmente vigorosa hasta 2023. De tal manera, de un déficit cercano al 8 por ciento del tamaño de la economía en 2020 se pasó a uno apenas por encima del 4 por ciento en ese año.
Pero en el ejercicio siguiente las cosas volvieron a complicarse, con lo cual se revirtieron los avances conseguidos. Para 2025 el desfase habría ascendido al 6,3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal.
La cifra acabó estando por debajo de los propios pronósticos estatales, pero ello tuvo que ver más con mecanismos de ingeniería financiera que con un cambio estructural positivo. Tampoco existe respiro a la vista. El presupuesto nacional aprobado para 2026 asciende a 547 billones de pesos, de los cuales una parte importante no cuenta con fuente definida, lo cual debería llevar a un recorte obligatorio.
Aparte de ese factor, otra vez se habrían vuelto a inflar las proyecciones de ingresos que se han incumplido de manera reiterada en años pasados. Para el Departamento de Investigaciones Económicas y Análisis de Mercados del Banco de Bogotá, el agujero fiscal ascenderá a 145 billones de pesos (7,6 por ciento del PIB), en lugar de los 102 billones planeados inicialmente. Pensar que esa situación puede ser sostenible en el mediano o largo plazo es irreal.
Como lo muestra la experiencia de otras latitudes, el peligro consiste en entrar en una dinámica de agujeros cada vez más grandes que tienen que ser solventados con más préstamos cuyo costo hace el hueco mayor. Salir del círculo vicioso solo se logra equilibrando entradas y salidas de plata, algo que no depende de ideología alguna, sino de aplicar las matemáticas.
Fuera de la caja
Aun así, la administración Petro acudió a fórmulas creativas que le han permitido paliar el problema de fondo. Operaciones como la impulsada por la Dirección de Crédito Público, que implicó recomprar bonos en dólares a cambio de acreencias en francos suizos, llevaron a ahorros iniciales significativos.
Tanto, que el indicador que mide el tamaño de la deuda neta como proporción de la economía se ubicó por debajo de 60 por ciento el año pasado, mientras que los pagos de intereses casi cayeron a la mitad, medidos en relación con el Producto Interno. Esa circunstancia “amplía el margen de maniobra presupuestal”, señaló el Ministerio de Hacienda. “Una mejor gestión del pasivo también es política fiscal”, agregó a comienzos de febrero Javier Cuéllar, director de Crédito Público.
Dentro de las herramientas empleadas se incluye el uso significativo de títulos de corto plazo (a menos de un año) que acaban siendo canjeados por TES.
Sin entrar en honduras técnicas, eso permitió que en 2025 se colocaran 111 billones de estos bonos, cuando había un límite legal de 95,8 billones. También se salió de norma la colocación de un monto billonario en papeles a un fondo extranjero, a una tasa superior al 13 por ciento anual.
De otro lado, hay un manejo muy agresivo de los recursos en divisas. El propio Cuéllar afirmó que hay una caja cercana a los 10.000 millones de dólares en cuentas foráneas, además de coberturas por otros 5.000 millones. Durante febrero, además, se hicieron compras por 522 millones adicionales con la intención de asegurar la liquidez durante el periodo electoral.
Gracias a dicha postura, la tasa de cambio se mantuvo en niveles moderados durante buena parte del mes pasado. Los estudiosos del asunto sostienen que, de no haber sido así, el dólar se habría ubicado unos 300 pesos por encima de lo registrado.
La sorpresiva tranquilidad en ese frente ha hecho todavía más rentable para los especuladores de afuera invertir en deuda colombiana en pesos. Tomar fondos a menos del 4 por ciento anual y colocarlos aquí al 14 es un negocio redondo. Tanto, que no falta quien asegura que nunca los fondos extranjeros habían hecho tanta plata como durante estos últimos meses del “Gobierno del cambio”.
Sobra decir que la tranquilidad no está asegurada. El escenario internacional no es fácil y el local tampoco. Para citar un caso, la sorpresiva alza de intereses que hizo el Banco de la República en su última sesión, con el fin de moderar las expectativas inflacionarias, causó múltiples dolores de cabeza entre quienes hicieron apuestas en otro sentido.
Sea como sea, el costo interno del dinero va hacia arriba, algo en lo cual influye en forma contundente lo ocurrido con los TES, que llegan a rentar más que un certificado de depósito a término emitido por una entidad financiera. “Esto no solo es un problema para el Ministerio de Hacienda, sino para la economía colombiana en su conjunto”, sostiene Camilo Pérez, Director de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá.
El experto subraya que “las tasas gubernamentales altas impactan a todas las demás”. Agrega que “para dar un ejemplo, un crédito hipotecario a diez años toma como referencia los títulos públicos y en un escenario de encarecimiento de la deuda acabará siendo más costoso un préstamo para vivienda”.
A su vez, Leonardo Urrea, colaborador de La Silla Vacía y profesor auxiliar de la Universidad Nacional, califica lo ocurrido. “El empinamiento de la curva de TES nos dice algo muy concreto: el mercado confía razonablemente en que el Banco de la República hará todo para controlar la inflación en el corto plazo, pero duda cada vez más de la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo”, dice.
Tales interrogantes están relacionados puntualmente con la situación electoral.
Muchos tomaron nota del salto que dio el dólar esta semana, después de que una encuesta le diera una amplia ventaja al candidato Iván Cepeda, representante del continuismo. Al respecto, el académico afirma que “los mercados de deuda y cambiario no reaccionan a nombres, reaccionan a expectativas de política”.
Vale la pena insistir en que, así las consideraciones subjetivas influyan temporalmente en los altibajos de las cotizaciones, lo que importa al final del día es aquello que los especialistas conocen como “los fundamentales”. Como concluye Urrea, “los TES por encima del 14 por ciento no son un fenómeno electoral; son el resultado acumulado de tres años de déficits por encima del 6 por ciento del PIB sin ajuste de gasto”.
Y ese es el meollo del asunto. En un lado de la balanza está el seguir por el mismo camino y en el contrario enmendar la plana. Inclinarse en un sentido o en el otro, generará reacciones diferentes.
Por ello, en el plano de lo ideal, de lo que se trata es de enviar las señales correctas en el sentido de que Colombia volverá a tener su casa en orden, no de que va a incumplir sus obligaciones.
Porque no hay que llevarse a engaños. La situación de las cuentas públicas es muy difícil y la ventana de tiempo que tendrá el próximo Presidente de la República empezará a cerrarse desde el día siguiente a la primera vuelta de los comicios, programada para el 31 de mayo.
Más allá de los daños adicionales que pueda hacer la administración que va hasta el 7 de agosto, lo que importa es mostrar propósito de enmienda y comprensión frente a la magnitud de la tarea. Cualquier paso en falso recortará un margen de maniobra que ya es estrecho. Y serán los colombianos quienes asuman la cuenta de los platos que ya se quebraron o de los que quedan por romperse.
RICARDO ÁVILA PINTO
Especial para EL TIEMPO
En X: @ravilapinto
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