Procuraduría formuló cargos contra candidato al Congreso del Nuevo Liberalismo en plena carrera electoral: esta es la razón

La Procuraduría General de la Nación ha formulado cargos contra Luis Orlando Castro Acosta, antiguo gerente de Empoaguas E.S.P. – empresa de servicios de acueducto y alcantarillado en San José del Guaviare – y actual candidato a la Cámara de Representantes por el Guaviare, representando al partido Nuevo Liberalismo.

La actuación disciplinaria se inició a partir de una queja presentada en septiembre de 2024; el proceso busca verificar si Castro asumió la gerencia de la empresa de servicios públicos sin cumplir los requisitos académicos y de experiencia establecidos en el manual de funciones correspondiente.

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Según el organismo de control, el candidato al Congreso aceptó el nombramiento y asumió el cargo el 1 de enero de 2024; sin embargo, la documentación sugiere que no presentó el título profesional requerido en los núcleos esenciales del conocimiento que la entidad demandaba para dirigir la empresa.

El pliego indica que el manual requería formación en disciplinas como Ingeniería Civil, Sanitaria, Ambiental, Industrial, Química o áreas de administración y economía. Castro es ingeniero agrónomo, pero según el Ministerio Público, esa titulación no corresponde a los campos requeridos para el cargo.

El documento disciplinario señala de manera clara: “Aceptar el nombramiento y asumir el cargo sin cumplir con los requisitos de experiencia que se exigen para cargos gerenciales o directivos y de formación académica (sic)”.

La Procuraduría mencionó que no se podían hacer interpretaciones amplias sobre los requisitos, resaltando en uno de los apartes: “El Despacho no acepta los argumentos presentados por el disciplinado, ya que no proporciona motivos suficientes para desvincularse de la acusación que se le imputa, dado que no confronta y no refuta los criterios técnicos del perfil INGENIERO AGRÓNOMO establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, ni los aportados por la Universidad de Cundinamarca (sic)”.

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Además de la formación académica, el proceso también evalúa la experiencia laboral documentada por Castro. En particular, el expediente menciona un documento emitido por la asociación Asoproagro; la Procuraduría notó inconsistencias en las fechas y registros contenidos en dicha certificación.

“Se observan inconsistencias en las fechas y registros consignados en esa certificación, ya que se indica que el señor Luis Orlando Acosta se desempeñó como gerente de la asociación Asoproagro del 01 de agosto de 2011 al 31 de diciembre de 2015; sin embargo, al verificar el certificado de existencia y representación legal de la asociación, no se registra su nombramiento ni su gestión en ese periodo”, señala el pliego. Para la entidad disciplinaria, este aspecto afecta directamente la verificación del cumplimiento del requisito mínimo de experiencia en cargos gerenciales.

La acción atribuida al actual candidato a la Cámara ha sido calificada provisionalmente como una falta grave por dolo. Esta valoración implica que, según la Procuraduría, el exgerente era consciente de los requisitos establecidos y aun así aceptó el cargo.

Es importante mencionar que el proceso también involucra a Albeiro Miguel Arroyo, quien era secretario administrativo y de Desarrollo Social de la Alcaldía de San José del Guaviare. En su caso, el Ministerio Público cuestionó una posible omisión en la verificación de requisitos antes de emitir el decreto de nombramiento y toma de posesión.

El pliego establece que dicho funcionario debía verificar el cumplimiento estricto del perfil. El fundamento normativo del proceso se basa en la Ley 1952 de 2019, que regula el régimen disciplinario de los servidores públicos. La Procuraduría concluyó que existen elementos suficientes para presentar cargos formales y avanzar a la etapa de descargos.

Por ello, las consecuencias potenciales son significativas; una sanción podría incluir suspensión e inhabilidad especial para ejercer funciones públicas. Si se confirma responsabilidad, Castro podría quedar impedido para ocupar cargos oficiales durante el tiempo que estipule el fallo.

Esta situación es especialmente relevante debido a su candidatura al Congreso, ya que, conforme a la ley, la elección popular no elimina efectos disciplinarios. Si una decisión en firme establece inhabilidad, el escaño podría quedar vacante o activar los mecanismos previstos en la legislación electoral.