Los ataques de Trump contra Irán son inconstitucionales

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• El presidente actuó unilateral e ilegítimamente: sin la autorización del Congreso y sin ninguna amenaza inminente para los Estados Unidos.
• Si los congresistas no toman medidas ahora para ponerle freno a este abuso de poder, lo único que lograrán será envalentonar a Trump aún más.

La “operación masiva y continuada” del presidente Trump contra Irán viola la Constitución y los principios fundadores de nuestra nación. El presidente actuó unilateral e ilegítimamente: sin la autorización del Congreso y sin ninguna amenaza inminente para los Estados Unidos. Pero, al no haber respondido a las otras hostilidades no autorizadas iniciadas por Trump, el Congreso es cómplice de este nuevo abuso. Si los congresistas no toman medidas ahora para ponerle freno a este abuso de poder más reciente y mucho más trascendental, lo único que lograrán será envalentonar a Trump aún más.

La acción de llevar al país a una guerra sin rendir cuentas a nadie era uno de los principales peligros que querían evitar los fundadores de nuestra Constitución. Por eso, se cuidaron de concederle el poder de declarar la guerra al Congreso, no a un presidente inspirado en la monarquía británica. La “tentación” de llevar al país a una guerra, argumentó James Madison, sería demasiado grande “para un único hombre”, especialmente porque “la guerra es, en efecto, la verdadera semilla del engrandecimiento del ejecutivo”.

Trump ha ignorado esta restricción constitucional fundamental. En las últimas 48 horas, las fuerzas militares de los EE. UU. han llevado a cabo un bombardeo profundo contra los recursos militares iraníes, e Irán ha respondido atacando varias bases militares estadounidenses de la región. No hubo ningún debate en el Congreso, ni mucho menos una autorización. Tampoco había ninguna amenaza imprevista ni ningún ataque inminente de parte de Irán, lo cual habría conferido el poder inherente del presidente como comandante en jefe de “repeler ataques repentinos”.

Para ser claros, el líder supremo de Irán, Ayatollah Khamenei, era una figura brutal, cuyas fuerzas asesinaron a miles de su propio pueblo por protestar. Su régimen ha sembrado el caos en el Medio Oriente durante años. Pero nada de todo esto constituye una autorización legítima de guerra. Al haber actuado unilateralmente, Trump ha usurpado los poderes de guerra del Congreso.

De todas formas, este Congreso ha permitido esa usurpación al no obligar al presidente a rendir cuentas por sus abusos anteriores. Después de que Trump atacó las instalaciones nucleares de Irán el pasado junio, el Congreso rechazó los esfuerzos de invocar la Resolución de Poderes de Guerra (War Powers Resolution) de 1973, una ley que permite poner freno a las hostilidades no autorizadas. Luego, el Congreso volvió a bloquear otra iniciativa de implementar la Resolución de Poderes de Guerra después del bombardeo de Trump en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro en enero.

No existió casi ningún debate en el Congreso sobre el bombardeo en Nigeria del día de Navidad, y los intentos de acabar con los ataques contra las embarcaciones civiles en el Caribe y el este del Pacífico no han logrado ganar el apoyo de los dos partidos. A pesar de los valerosos esfuerzos de los senadores Rand Paul, Tim Kaine y otros, los aliados del presidente en el Congreso se han impuesto.

Este nivel de sumisión del Congreso es nuevo y alarmante. Durante el primer mandato de Trump, el Congreso invocó la Resolución de Poderes de Guerra dos veces: en 2019 para obligar a Trump a ponerle fin a la participación militar de EE. UU. en la guerra de Arabia Saudita en Yemen, y en 2020 para evitar una escalada del conflicto después de que Trump ordenara el asesinato de un general iraní.

Cuando el presidente Barack Obama intervino en Libia en 2011, la Cámara de Representantes aprobó una resolución en la que condenaba la operación militar no autorizada y declaraba que el presidente “no debe desplegar” fuerzas militares terrestres. El Congreso también impuso restricciones de financiamiento para prohibir las hostilidades no autorizadas en Camboya en 1965, en Nicaragua en 1983 y en Bosnia en 1993.

Claro que el Congreso no siempre ha opuesto resistencia a todas las acciones unilaterales de los presidentes. El Congreso no dijo nada en la invasión no autorizada a Panamá en 1989 del presidente George H.W. Bush. Tampoco se resistió a los ataques no autorizados contra instalaciones de al-Qaeda del presidente Clinton en 1998 en represalia de los bombardeos contra las embajadas de Estados Unidos en Kenya y Tanzanía.

Pero estos casos sí habían implicado ataques genuinos contra el personal de los EE. UU. y, por lo tanto, le conferían, en cierto sentido, el poder del presidente como comandante en jefe de las fuerzas militares de defender la nación. Además, el silencio del Congreso fue la excepción, más que la norma, ya que los congresistas estaban debatiendo activamente las operaciones militares contemporáneas en varios países, desde Iraq hasta Somalia y Haití.

En síntesis, este Congreso nos ha llevado a un terreno desconocido con la total abdicación de su función constitucional ante un presidente propenso como nunca nadie a abusar del poder ejecutivo. Pero, no es demasiado tarde para cambiar el rumbo.

Esta semana, tanto la Cámara de Representantes como el Senado votarán para decidir si invocan la Resolución de Poderes de Guerra y ponen fin a las hostilidades futuras en Irán. Hay fuertes motivos para creer que muchos miembros que antes se negaron a invocar los poderes de guerra ahora respalden esta iniciativa. El presidente no ha prometido solo “ataques precisos”, sino una guerra a gran escala que dure “tanto como nosotros queramos”.

Varios líderes militares han advertido sobre los riesgos de sufrir muertes de personas estadounidenses. Un conflicto potencialmente largo que podría desestabilizar la región e imponer costos incalculables de vidas y fondos estadounidenses debe ser debatido democráticamente y autorizado por el Congreso.

Si el Congreso no toma medidas, el mensaje que le envía al presidente será muy claro: tiene poder de usar las fuerzas militares cuando se le antoje, de la forma en que se le antoje y sin cumplir con lo que exige la Constitución.

Quién sabe adónde terminará este poder tan desenfrenado en manos de un presidente que ha considerado abiertamente tomar acciones militares contra múltiples países, incluso aliados como Dinamarca. Por el bien de nuestra Constitución y nuestro país, el Congreso no puede permitir que esto ocurra.

Traducción de Ana Lis Salotti