Gobierno de Trump estudia involucrar a los bancos en su política migratoria: ¿Qué están planeando?

El Gobierno de Donald Trump estudia una nueva medida que podría alterar de forma profunda la relación entre los bancos y millones de clientes en Estados Unidos, incluidos migrantes con y sin estatus regular.

La Casa Blanca evalúa exigir a las entidades financieras que verifiquen la ciudadanía de sus clientes, en lo que sería un paso más dentro de la ofensiva migratoria del mandatario, según reveló en días recientes The Wall Street Journal,

La posible acción -que podría tomar la forma de una orden ejecutiva o de otra disposición impulsada por el Departamento del Tesoro- obligaría a los bancos a recopilar documentación como pasaportes u otros documentos que acrediten la ciudadanía estadounidense.

Aunque la medida aún no ha sido confirmada oficialmente, su sola discusión ha encendido las alarmas en el sector financiero.

Un portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, evitó confirmar o desmentir el plan y declaró que “cualquier información sobre posibles políticas que no haya sido anunciada oficialmente por la Casa Blanca es mera especulación”.

Un cambio radical en las reglas del sistema bancario

Actualmente, los bancos en Estados Unidos deben cumplir con las normas de “conozca a su cliente” (know your customer) y con las leyes contra el lavado de dinero.

Esto implica verificar la identidad básica del cliente -nombre, fecha de nacimiento, dirección- y reportar transacciones sospechosas a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), creada bajo la Ley de Secreto Bancario.

Sin embargo, no existe una obligación de verificar la ciudadanía ni el estatus migratorio como condición para abrir o mantener una cuenta bancaria.

Tampoco hay una norma federal que prohíba a los no ciudadanos acceder al sistema financiero.

La eventual orden iría mucho más allá de esos requisitos.

La medida podría aplicarse incluso de manera retroactiva, obligando a revisar millones de cuentas existentes y a exigir nuevos documentos a clientes que ya mantienen relaciones bancarias desde hace años.

“Es una mala idea. Estamos muy alarmados”, afirmó una fuente del sector financiero a CNN.

La misma fuente advirtió que “verificar el estatus de ciudadanía de todos los clientes bancarios sería inviable”.

El carácter retroactivo de la posible medida es uno de los aspectos que más inquietud genera.

Aproximadamente la mitad de la población estadounidense no posee pasaporte, lo que podría provocar complicaciones incluso para ciudadanos nacidos en el país.

¿Qué implicaría para los migrantes?

De concretarse, la exigencia podría bloquear el acceso al sistema bancario a miles -o incluso millones- de migrantes indocumentados, dificultando operaciones cotidianas como cobrar salarios, pagar alquileres o enviar remesas.

Además, existe preocupación en el sector financiero de que la orden busque convertir a los bancos en un engranaje directo de la política de deportaciones.

Los ejecutivos temen quedar involucrados en los esfuerzos del Gobierno para identificar y deportar a inmigrantes en situación irregular.

Detrás de la discusión está la posibilidad de que las autoridades migratorias accedan o crucen información financiera para verificar el estatus migratorio de clientes.

Expertos advierten que una medida de este tipo podría provocar una retirada masiva de depósitos por parte de clientes extranjeros o inmigrantes que teman quedar expuestos, lo que afectaría la liquidez de las entidades y su capacidad de otorgar crédito en economías locales.

Según cifras del Proyecto de Datos de Deportación, entre el 1 de enero de 2025 y el 15 de octubre de 2025 ICE arrestó a un promedio de 746 personas por día, más del doble del promedio de la última década.

En paralelo, legisladores republicanos han planteado iniciativas para limitar el acceso de migrantes en situación irregular a distintos servicios, incluido el sistema financiero.

¿Es viable legal y operativamente?

Aunque el Departamento del Tesoro podría intentar modificar los requisitos de identificación bajo la autoridad de la Ley de Secreto Bancario, un cambio estructural de esta magnitud podría requerir un proceso formal de reglamentación, lo que abriría la puerta a litigios judiciales.

Desde el punto de vista operativo, el sector bancario advierte que la verificación masiva de ciudadanía sería extremadamente compleja y costosa.

Además, no está claro si la medida obligaría simplemente a recopilar la información o si implicaría el cierre automático de cuentas cuyos titulares no puedan demostrar ciudadanía.

Por ahora, la Casa Blanca no ha confirmado la emisión de ninguna orden. Sin embargo, el simple hecho de que la medida esté bajo consideración anticipa un nuevo frente de tensión entre la Administración Trump, el sistema financiero y las comunidades migrantes.