IPS alertan riesgos por traslado masivo de afiliados a Nueva EPS tras Decreto 0182

La Unión de las IPS ha manifestado inquietud por la transferencia de más de tres millones de afiliados a la Nueva EPS, como se detalla en el Decreto 0182 de 2026, al señalar posibles riesgos financieros y operativos en un contexto donde varias EPS están bajo intervención, según reportes de Blu Radio.

Jorge Toro, el director del gremio, comentó que la reestructuración del aseguramiento en las actuales condiciones podría impactar negativamente la calidad, la oportunidad y el acceso a los servicios de salud, tanto para los nuevos afiliados como para aquellos que ya forman parte de la entidad.

El director también hizo hincapié en la incertidumbre relacionada con el tamaño real de la cartera de la Nueva EPS, así como sobre sus efectos en la red de proveedores, dado que la entidad asumiría una mayor concentración de usuarios.

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La controversia surgió tras la promulgación del Decreto 0182 de 2026 por el Ministerio de Salud, el cual implica un proceso de reestructuración del aseguramiento y la reubicación de más de tres millones de afiliados. La mayoría de estos usuarios serían transferidos a la Nueva EPS, en un contexto marcado por la intervención administrativa de varias entidades promotoras de salud.

“En la actualidad, intentar reorganizar el aseguramiento con EPS intervenidas y trasladar a la mayoría de la población a una sola entidad genera preocupaciones no solo en los usuarios, sino en todos los actores del sistema”, declaró Toro, según Blu Radio. Como aclaró, el contexto actual es diferente a otros procesos de reestructuración llevados a cabo en años anteriores.

El director de la Unión de las IPS subrayó que la inquietud no se limita a los afiliados que serán trasladados, sino también a aquellos que ya están vinculados a la Nueva EPS. “No solo se trata del impacto en los nuevos afiliados, sino también en los existentes”, advirtió, señalando que el aumento en el número de usuarios podría incrementar las dificultades en la prestación del servicio.

En términos financieros, el gremio expresó su incertidumbre sobre el tamaño real de la cartera de la entidad. Toro comentó que determinar con exactitud la deuda es complicado debido a la ausencia de publicaciones recientes de estados financieros completos. Sin embargo, recordó que la Superintendencia Nacional de Salud indicó que la Nueva EPS podría tener pasivos cercanos a los 15 billones de pesos, según ese medio de comunicación.

Además, mencionó que varias EPS intervenidas no estarían postulando la totalidad de las facturas bajo el mecanismo de giro directo y que los montos reconocidos no se correspondían con lo que las IPS habían presentado. En este sentido, el gremio informó que está realizando el cierre de cifras para determinar el saldo final de la cartera al cierre de 2025.

Otro de los aspectos planteados por la Unión de las IPS está relacionado con la reestructuración de la red de prestadores. Según el directivo, la Nueva EPS estaría implementando cambios en su red, lo que podría implicar la terminación de contratos con algunas instituciones y la instauración de nuevos. “Reorganizar la red implica dejar de colaborar con algunas IPS, manteniendo deudas pendientes, y abrir contratos con otras, con el riesgo de repetir incumplimientos”, declaró Toro, según ese medio de comunicación.

El gremio enfatizó que cualquier reestructuración necesita tener en cuenta la sostenibilidad financiera, la capacidad operativa y la garantía de acceso para los usuarios. Mientras tanto, el debate sigue entre los diversos actores del sistema de salud, en medio de una etapa de cambios estructurales y medidas adoptadas por el Gobierno con respecto a la intervención de varias EPS.