Economia
transportistas y empresarios exigen diálogo y fin de aranceles
“El Gobierno no paga los impuestos, sino el pueblo que se queda sin trabajo”. “Derogatoria urgente del 50 %”. “Lo que llaman política comercial, nosotros lo llamamos desempleo”. Esas fueron algunas de las consignas que se leían en las pancartas de camiones y tráilers a lo largo de los 60 kilómetros por donde avanzó ayer la marcha motorizada convocada por la Asociación de Transporte Pesado del Carchi.
La caravana partió a las 09:00 desde el cantón Bolívar y atravesó las ciudades de La Paz, Huaca, Julio Andrade, San Gabriel y El Carmelo hasta llegar a Tulcán, ciudad fronteriza con Colombia. En el peaje de San Cristóbal, a la salida de San Gabriel, cantón Montúfar, unas tres decenas de camiones esperaban para sumarse. La protesta duró más de siete horas: los camiones ingresaron a Tulcán pasadas las 14:30, recorrieron la ciudad y llegaron a la sede de la Gobernación cerca de las 16:00.
Los transportistas piden al Gobierno de Daniel Noboa que derogue la tasa de seguridad del 50 %, impuesta a Colombia desde el pasado 1 de marzo de 2026, antes esta era del 30 %. A lo largo de la marcha, varios conductores -que prefirieron no dar su nombre por motivos de seguridad- contaron que prácticamente se quedaron sin empleo. No piden subsidios, dicen, sino que los dejen trabajar. Aclaran que el motor de la economía de esta provincia es la carga pesada, que permite el intercambio comercial con el país vecino.
“Vivimos de la mercadería que viene de Colombia y que se envía. Nos quedamos sin nuestra fuente de ingresos”, dice Jorge Changuán, conductor de la Cooperativa Continental.
El trabajo ha caído un 90 %, según los transportistas
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Según sus cálculos, el trabajo ha caído un 90 %: de los dos a tres viajes diarios que realizaban, ahora apenas completan uno, y únicamente con carga que estaba represada. Los ingresos habituales de un transportista rondaban los $ 3.000 mensuales, pero en febrero fueron prácticamente nulos. “Lo que no entiende el Gobierno con su política es que tenemos que cumplir obligaciones, como pagar al chofer, que tiene un sueldo de $ 1.000”, señalan. Otro transportista explicó que un camión o tráiler puede costar entre $ 60.000 y $ 200.000, y que las cuotas con cooperativas y bancos son elevadas.
Los conductores advierten que el impacto va mucho más allá del volante. “Movemos bodegas de aduanas, damos trabajo a carretas, a estibadores”, enumera Changuán. Luis Bolívar Paspuel, transportista del gremio, señala que el sector ya venía afectado desde el alza del diésel en septiembre pasado, un costo que han tenido que asumir. Varios conductores mantienen deudas con instituciones financieras que ya no podrán honrar. “Vamos a tener que irle a dejar el carro al Gobierno”, advierte.
Algunos representantes del gremio lograron llegar a la Gobernación, institución que estuvo vallada y con presencia de policías y militares. Hasta el cierre de esta edición, se mantenían reunidos con los miembros del Gobierno para intentar llegar a un acuerdo.
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Más temprano, en Quito, representantes del sector privado de Ecuador y Colombia se reunieron a las 11:00 para advertir sobre los efectos de la escalada arancelaria. Juan Carlos Navarro, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), sostuvo que el impacto de estas decisiones -adoptadas por los presidentes Daniel Noboa y Gustavo Petro- no se limita a estadísticas. “Se trasladan a precios, inversiones y puestos de trabajo”, afirmó. Además, pidió leer los datos con cautela, pues muchas operaciones se adelantaron antes de que entren en vigor las restricciones, por lo que el impacto estructural podría sentirse con más fuerza en los próximos meses.
En este contexto, el CEE y la Asociación Nacional de Industriales de Colombia (ANDI) solicitaron que el diálogo escale a nivel presidencial y que las medidas se suspendan mientras se concreta esa reunión. Bruce MacMaster, presidente ejecutivo de la ANDI, calificó la situación como “tremendamente preocupante” y recordó que la relación comercial entre ambos países es una de las más profundas de América Latina. Se trata de economías complementarias, con cadenas productivas diseñadas para abastecer al mercado vecino, incluso con empresas que colocan más del 70 % de su producción en el otro país.
El intercambio bilateral se acerca a $2.800 millones e involucra a más de 6.000 empresas colombianas, entre exportadoras e importadoras. Según MacMaster, ningún producto puede absorber sobrecargos de 30 % o 50 % sin perder competitividad, por lo que varias compañías podrían perder su viabilidad si la escalada continúa.
María Paz Jervis, presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), afirmó que por cada $1 recaudado se perderían $6 en importaciones formales, lo que podría desviar comercio hacia la informalidad. Igual opinión tuvo Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, quien señaló que entre el 1 y el 21 de febrero las importaciones desde Colombia cayeron 69 % en valor y 61 % en número de operaciones, afectando a más de 7.600 importadores ecuatorianos.
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Los empresarios señalaron que esta restricción comercial podría impactar al Producto Interno Bruto en al menos 1 %, debido al efecto en toda la cadena productiva. La medida alcanza a 2.000 empresas en Ecuador y compromete alrededor de 200.000 empleos relacionados.
La CCQ refiere que “la protección de los ecuatorianos constituye un bien mayor”
Y aunque Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), no participó en esta rueda de prensa, expuso que en la discusión de la tasa de seguridad existen dos dimensiones:
La económica, que tiene relación con que “Colombia es un socio comercial natural y la medida impacta el intercambio bilateral, con efectos que deben gestionarse con responsabilidad”.
Y la de seguridad, “compartimos 640 kilómetros de frontera en un contexto delicado. La protección de los ecuatorianos constituye un bien mayor”, mencionó Heller.
En este sentido, la CCQ consideró que el análisis debe “ser integral, pero la prioridad es clara: garantizar la seguridad y recuperar la paz en el Ecuador”.
El Gobierno defiende la tasa de seguridad
El presidente de Ecuador Daniel Noboa defendió el 27 de febrero de 2026 en una entrevista en radio Centro la sobretasa del 50 % aplicada a productos de Colombia y sostuvo que no se trata de un arancel convencional, sino de una “tasa de seguridad”.
Esta medida, según el mandatario, responde al “descuido” de Colombia en la frontera, lo que obligaría a Ecuador a asumir un mayor costo de protección. En ese marco, aseguró que el país estaría duplicando el gasto de seguridad y que eso implicaría alrededor de $400 millones adicionales al año.
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Noboa afirmó que, desde la implementación de esta medida las muertes violentas en las provincias fronterizas Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos se redujeron 33,3 %.
En materia comercial, el mandatario sostuvo que el déficit comercial mensual con Colombia cambió de forma significativa. Señaló que en febrero de 2025 el saldo mensual era deficitario en alrededor de $90 millones, mientras que “este mes” se registra un superávit de $30 millones, es decir, un giro de $120 millones. Según Noboa, ese cambio impulsa mayor empleo, comercialización de ciertos productos y “genera un mejor ambiente comercial directo”.
El presidente también señaló que, con la aplicación de la tasa, se han recaudado $13 millones. Añadió que el empleo subió dos puntos y que el transporte y almacenamiento registró un crecimiento de 18,4 % en febrero de 2026. En ese contexto, cuestionó a algunos dirigentes gremiales y dijo que “están equivocados” porque “no están viendo el efecto real” de la medida.
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