Petro todavía tiene dudas sobre la transparencia de las elecciones; pidió que haya testigos: “Entre más mesas impugnadas, más claridad”

El 3 de marzo de 2026, desde Popayán (Cauca), el presidente Gustavo Petro dirigió un discurso sobre las elecciones al Congreso de la República, programadas para el domingo 8 de marzo. En su mensaje, destacó que, en general, la temporada electoral ha transcurrido de manera pacífica, aunque se han presentado algunos incidentes de riesgo.

“Desde ahora hasta el día domingo, se incrementan las reuniones a puertas cerradas y la decisión de los ciudadanos y ciudadanas, que debe ser libre. Si deseamos tener una democracia y un país donde valga la pena vivir, necesitamos la libertad en el voto de la ciudadanía”, afirmó el primer mandatario.

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En esa línea, reiteró sus preocupaciones sobre la transparencia de los escrutinios en las elecciones, un tema que ha manifestado en diversas ocasiones en sus redes sociales. Aseguró que una magistrada descubrió hace algunos años que el software utilizado en ese proceso presenta vulnerabilidades. Por lo tanto, el Consejo de Estado ordenó el uso de un software del Estado y para el Estado, algo que aún no se ha implementado en Colombia.

Por esta razón, Petro declaró que, en preparación para las elecciones del 8 de marzo, no se ha proporcionado el código fuente del software a los partidos ni a los ciudadanos que desean analizarlo. Esto implica que no se ha realizado una auditoría en este sentido. “Hasta el domingo no será posible realizar una auditoría técnica del código fuente, y, por lo tanto, asegurar que no hay opacidad en los algoritmos utilizados para contabilizar los votos”, enfatizó.

No obstante, es fundamental recordar que el 25 de febrero, la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que había expuesto el código fuente de los softwares para el preconteo y escrutinio de las elecciones de Congreso y consultas presidenciales. “El objetivo de este proceso es permitir la verificación de la integridad, seguridad, funcionalidad y correspondencia entre el código auditado y la versión que será implementada”, explicó el gerente de Informática de la Registraduría Nacional, Hoslander Sáenz Barrera.

Además, el presidente se refirió a la fase de preconteo que se llevará a cabo el 8 de marzo, indicando que no es legal en Colombia, ya que en otros procesos electorales ha mostrado una diferencia de un millón de votos en comparación con los escrutinios. Ese preconteo es realizado por una empresa privada, y, según el presidente, representa un gastos excesivos de recursos. “Es un derroche de dinero, en mi opinión (…). Se ha pasado de $153.000 millones que costaban en 2013, a una cifra actual que equivale a un billón y medio de pesos”, afirmó.

De hecho, mencionó que existen inquietudes sobre las licitaciones realizadas desde 2017 para este fin: 25 contratos han sido adjudicados a la misma empresa.

En ese sentido, el presidente considera que para asegurar la transparencia de las elecciones, es fundamental contar con testigos electorales que verifiquen el conteo de votos en cada mesa. Estas personas tienen la autoridad para impugnar y solicitar recuentos de los votos en mesas donde se sospeche que ha habido errores o irregularidades.

“Cuantas más mesas sean impugnadas, más claridad habrá (…). Serán los jueces de la República de Colombia, quienes liderando las comisiones escrutadoras, dirán la última palabra tras el recuento de votos”, expresó el presidente.

Por otro lado, el mandatario subrayó que antes de las elecciones, la compra de votos está proliferando, un fenómeno que se lleva a cabo mediante transacciones bancarias y plataformas como Nequi. Por lo tanto, instruyó a las autoridades para que detengan a las personas involucradas en la compra de votos, ya que hasta ahora han ocurrido 14 incidentes de este tipo en el país.

“Evaluaré el comportamiento de los comandantes de Policía regionales mediante este indicador”, comentó, señalando que esta información, junto con la tasa de homicidios, la usará para determinar ascensos y méritos.

De igual manera, solicitó a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) que investigue y determine qué personas están realizando transferencias de manera “multitudinaria” y a través de qué dispositivos móviles. “Contamos con los recursos para detectar ese tipo de maniobras”, concluyó.