Colombia
Abren nuevo desacato contra Petro por no retractarse tras llamar “bandido” a exgerente de Coosalud
Un juez de Bogotá ha iniciado un nuevo incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro por no retractarse de sus declaraciones en las que llamó “bandido” a Jaime Miguel González Montaño, exgerente de la EPS Coosalud, según informó Blu Radio. Esta decisión judicial se da tras considerar que el mandatario no ha cumplido con una orden anterior que le exigía retractarse y ofrecer disculpas públicas.
El caso se originó debido a una serie de declaraciones realizadas por el presidente en diferentes intervenciones públicas y publicaciones en redes sociales, donde acusó al exdirectivo de haber causado un notable aumento en la deuda de la EPS y de estar involucrado en presuntas irregularidades financieras.
Las afirmaciones fueron impugnadas judicialmente por González Montaño, quien pidió protección de sus derechos al buen nombre y al honor, lo que condujo a decisiones judiciales que ordenaron al jefe de Estado retractarse públicamente, según el medio mencionado.
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El nuevo incidente de desacato se genera después de que el presidente no cumpliera con una orden judicial emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en noviembre de 2025.
En esa decisión, el tribunal revocó un fallo de primera instancia y ordenó al mandatario retractarse públicamente de las declaraciones realizadas contra el exgerente de la EPS Coosalud.
La sentencia estableció que la retractación debía llevarse a cabo dentro de un plazo de cinco días y en el mismo formato en que se realizaron las afirmaciones.
Esto implica que el presidente debía publicar un mensaje en la red social X y realizar una intervención pública en la que ofreciera disculpas al demandante.
Además, el tribunal instruyó al jefe de Estado a abstenerse de hacer nuevos comentarios que pudieran vulnerar los derechos del exdirectivo de la EPS.
Sin embargo, el tribunal encargado del proceso ha señalado que hasta ahora no se ha presentado evidencia de que el presidente haya obedecido la orden judicial.
Este nuevo requerimiento judicial se suma a otros llamados realizados por el tribunal para que el mandatario declare qué medidas ha tomado para cumplir con la decisión.
Uno de esos requerimientos fue emitido el 26 de enero de 2026, cuando el juzgado otorgó un plazo de 48 horas para que el presidente explicara si había cumplido la orden de retractación o si había eliminado las publicaciones en redes sociales.
No obstante, según lo indicado por el tribunal, no se recibió respuesta que evidenciara el cumplimiento del fallo.
El incidente de desacato se presenta en medio de la controversia generada por las declaraciones del presidente sobre la gestión del exgerente de Coosalud.
En distintas intervenciones y publicaciones, el mandatario cuestionó la administración de la EPS y aseguró que durante el gobierno de González Montaño, la deuda de la entidad se incrementó de manera considerable.
Los mensajes del presidente indican que la deuda de la EPS habría crecido significativamente en un periodo cercano a un año.
Según estas declaraciones, el aumento alcanzó aproximadamente 2.600 millones de pesos en 2024, una situación que el mandatario vincula con posibles irregularidades en la administración de los recursos.
En una de sus aseveraciones públicas, el presidente afirmó que este incremento en la deuda evidenciaba que “se robaron la plata”, expresión que luego fue cuestionada por el exdirectivo de la EPS.
En sus declaraciones, el presidente también acusó a la junta directiva de Coosalud de permitir presuntas irregularidades dentro de la organización.
Entre las acusaciones, mencionó el supuesto direccionamiento de fondos públicos hacia una empresa en el extranjero y la aprobación de préstamos personales al exgerente por montos superiores a 220.000 millones de pesos.
Estas afirmaciones llevaron a la acción legal presentada por González Montaño, quien solicitó la intervención judicial para proteger su derecho al buen nombre y la reputación.
El proceso desembocó en el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó la retractación del presidente.
Desde entonces, el caso ha seguido en los tribunales debido a la falta de cumplimiento de la orden.
