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El análisis de varias iniciativas legislativas del actual Congreso revela que la mayoría de los proyectos evaluados presentan restricciones frente a la libertad económica. De los 17 proyectos de ley analizados durante el periodo legislativo 2022-2026, solo uno obtuvo un puntaje superior a 61, lo que lo ubica en la categoría de parcialmente afín a la libertad económica.
La evaluación corresponde al Indicador de Afinidad con la Libertad Económica (IALE), una herramienta desarrollada por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga que analiza el impacto de proyectos de ley y normas aprobadas sobre el entorno económico. El estudio cubre iniciativas tramitadas entre agosto de 2022 y febrero de 2026.
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El objetivo de este indicador es medir si las decisiones legislativas promueven condiciones favorables para la actividad económica o si introducen elementos regulatorios que restringen el funcionamiento de los mercados, la iniciativa privada y la autonomía económica de los ciudadanos.
El informe muestra que únicamente el proyecto de ley relacionado con plataformas digitales de transporte alcanzó un puntaje superior a 61. Esta iniciativa obtuvo una calificación de 64 y fue clasificada como parcialmente afín a la libertad económica.
De acuerdo con el análisis, este proyecto introduce medidas que favorecen la competencia, la participación de actores privados y la operación de nuevas modalidades de servicios en el mercado.
En contraste, la mayoría de las iniciativas evaluadas registró niveles de restricción frente a la libertad económica. De los 17 proyectos revisados, doce obtuvieron puntajes que los ubican en la categoría de restricción severa.
Entre las iniciativas con menor puntaje aparecen varias reformas económicas y sociales tramitadas durante el actual periodo legislativo, incluidas la reforma tributaria de 2022, la reforma pensional de 2024 y la reforma laboral aprobada en 2025.
Presidente Gustavo Petro en el Congreso. Foto:Presidencia
Cómo se mide la afinidad de los proyectos
El IALE utiliza una escala que va de 10 a 100 puntos para medir el impacto de los proyectos de ley sobre la libertad económica. La clasificación se divide en cinco niveles: restricción severa, restricción parcial, neutralidad, afinidad parcial y afinidad total.
Según la metodología del indicador, el puntaje se construye a partir del análisis de 32 variables distribuidas en cinco dimensiones que reflejan aspectos clave de la libertad económica.
Estas dimensiones incluyen el tamaño del Estado y la tributación, la protección de la propiedad privada y el Estado de derecho, la estabilidad monetaria y la competitividad del sistema financiero, la libertad para comerciar internacionalmente y el nivel de intervención estatal en los mercados de bienes, servicios, trabajo y capitales.
Cada proyecto es evaluado con base en el impacto que sus disposiciones tienen sobre estas variables, lo que permite establecer si una iniciativa fortalece o limita las condiciones para la actividad económica.
Plenaria de Senado. Foto:Prensa Senado
El informe también señala que el Congreso ha aprobado un número creciente de leyes durante el actual periodo legislativo. Entre agosto de 2022 y diciembre de 2025 se sancionaron 295 normas, y el número anual de leyes aprobadas pasó de 65 en 2023 a 120 en 2025.
El análisis del indicador concluye que, en promedio, la actividad legislativa evaluada tiende a incorporar elementos regulatorios o de intervención estatal que limitan la iniciativa privada y el funcionamiento de los mercados.
De acuerdo con el Instituto de Ciencia Política, el propósito de la medición es ofrecer información que permita hacer seguimiento al proceso legislativo y facilitar el control ciudadano sobre las decisiones que afectan el entorno económico del país.
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