Candidatos proponen construir megacárceles en Colombia al estilo Bukele: expertos evalúan si es posible y cuánto costarían

Durante la campaña electoral, la idea de construir megacárceles en Colombia ha empezado a ser planteada por varios candidatos. En las elecciones para la Alcaldía de Bogotá, el exministro de Defensa Diego Molano presentó esta propuesta para la capital.

En las elecciones presidenciales, también han surgido propuestas similares; entre los candidatos se destacan Enrique Peñalosa, Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Pinzón y Abelardo de la Espriella, quienes han mostrado interés en establecer megacárceles en el país.

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La creciente insatisfacción de la ciudadanía frente a la inseguridad en diferentes regiones de Colombia, el hacinamiento carcelario —de acuerdo a cifras del Inpec, la sobrepoblación en las cárceles ha alcanzado el 28,6%— y la falta de garantías son algunos de los factores que llevan a los candidatos a considerar este tipo de infraestructuras.

Infobae Colombia ha consultado a varios expertos para evaluar la viabilidad, efectividad, costos, impacto social y consecuencias a largo plazo de las megacárceles.

Norberto Hernández Jiménez, abogado penalista, máster en criminología y profesor en la Universidad Javeriana, comentó que, desde una perspectiva legal, la construcción de una megacárcel en Colombia es factible.

No obstante, también expresó sus reservas sobre la propuesta, enfatizando que, de acuerdo con la Constitución, la dignidad humana y la resocialización deben prevalecer, “un propósito que ya se pone en duda en el actual sistema”, según Hernández Jiménez.

“Si las megacárceles acaban vulnerando la dignidad humana, como sucede en El Salvador, eso sería inconstitucional y podría ser objeto de impugnación. La Corte Constitucional ha mostrado cierta tolerancia ante las condiciones actuales, pero, si se materializa una mayor violación de derechos, no debería permitirse”, advirtió Hernández Jiménez.

Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá y responsable de la gestión de la Cárcel Distrital, mencionó a Infobae Colombia que edificar una megacárcel en Colombia es posible si se cuenta con el financiamiento adecuado, aunque mencionó que el mayor desafío consiste en establecer la efectividad y eficiencia del sistema penitenciario.

“Las cárceles como las de Nayib Bukele en El Salvador, el Cecot, están pensadas para albergar a cuarenta mil personas. Está comprobado que, más allá de dos mil o dos mil quinientos cupos, una cárcel se vuelve ingobernable y se limita a ser un sistema de vigilancia y control.”, destacó Acero.

Angélica Beltrán, coordinadora del programa Mujeres en cárceles y libres de la Corporación Humanas, aseguró a Infobae Colombia que la creación de más cárceles en el país no resuelve los problemas constitucionales ni la crisis del sistema carcelario.

“Entre 2000 y 2008, la capacidad de las cárceles aumentó un 49% con la inversión estadounidense, lo que redujo el hacinamiento en un 25,5%. Sin embargo, en 2009, el hacinamiento volvió a superar el 40%. Esta situación se ha repetido en varias ocasiones. Por lo tanto, seguir promoviendo la construcción de prisiones es irresponsable y ignora la evidencia histórica y científica.”, afirmó Beltrán.

Tanto Angélica Beltrán como Norberto Hernández Jiménez coincidieron en que la declaración del estado de cosas inconstitucional en 1998 y 2013 promovió la construcción de más cárceles en Colombia, que se llenaron inmediatamente y no abordan, según los expertos, los problemas actuales del país.

“En Colombia, a diferencia de El Salvador, existen garantías constitucionales más sólidas que limitan la acción del gobierno en el ámbito penitenciario. No se puede equiparar el margen de acción de un presidente colombiano con el de Bukele. En resumen, el reto no solo consiste en la infraestructura, sino en un replanteamiento de la política criminal”, señaló Hernández Jiménez.

Los expertos expresan su preocupación acerca del impacto que las megacárceles tendrían en los derechos humanos. Hernández Jiménez remarcó que “mantener a una persona en condiciones indignas afecta su salud mental y fomenta el resentimiento, lo que podría incitar a la reincidencia. La falta de luz solar, la ausencia de intimidad y el trato inhumano vulneran los derechos fundamentales”.

En cuanto a la situación de las mujeres, Beltrán indicó que la centralización de la población carcelaria en megacárceles agrava el desarraigo familiar.

“Las mujeres son más afectadas, ya que hay menos centros penitenciarios para ellas. La construcción de megacárceles, que aglutinan a un gran número de personas en un solo lugar y suelen estar ubicadas en zonas remotas, intensifica la separación familiar. Esto provoca que las mujeres se encuentren a mayor distancia de sus familias, dificultando las visitas y el soporte emocional. Por el contrario, los hombres, al haber más centros a su disposición, sufren menos este impacto.”, destacó Beltrán.

Hugo Acero advirtió que la administración de los centros penitenciarios debe cumplir con las normativas y los derechos de los internos. La falta de atención a estas obligaciones puede acarrear investigaciones y sanciones para quienes sean responsables.

“Si una cárcel se gestiona sin respetar los derechos de las personas privadas de libertad, de sus visitas y familiares, el funcionario encargado podría enfrentar acciones legales por esa vulneración”, advirtió.

El abogado penalista y máster en criminología y ejecución penal afirmó que “la clave está en implementar una política criminal integral. El Estado ha optado por lo que en derecho penal se denomina ‘huida hacia el derecho penal’, es decir, responder a todo mediante penas privativas de libertad cada vez más severas, en vez de abordar las causas sociales subyacentes de la criminalidad.

Además, enfatizó que “mantener a una persona en prisión cuesta alrededor de dos millones de pesos mensuales. Es preferible invertir en evitar la reincidencia que en castigos recurrentes”.

Hugo Acero sugirió que, para lidiar con el hacinamiento y la crisis penitenciaria, las nuevas cárceles deberían situarse en áreas accesibles dentro de las ciudades, facilitando así el traslado de los internos a los juzgados y minimizando riesgos durante los desplazamientos.

El exsecretario propuso que el financiamiento y la administración de las cárceles se realicen a través de alianzas público-privadas, garantizando recursos suficientes para su operación y mantenimiento a largo plazo. “Una gestión profesional, con personal capacitado y protocolos claros, es esencial para evitar la repetición de errores pasados”, subrayó.

Angélica Beltrán argumentó que las soluciones deben enfocarse en revisar las medidas de detención preventiva, aligerar la carga de los sistemas judiciales y optimizar el funcionamiento del Inpec para asegurar que quienes han cumplido sus condenas obtengan su libertad. “Mientras no se atiendan las causas estructurales, como la desigualdad, la criminalidad seguirá en ascenso y cualquier nueva cárcel se llenará rápidamente.”

Los expertos consultados por Infobae Colombia coinciden en que la crisis penitenciaria requiere una transformación estructural de la política criminal, la gestión del sistema y un enfoque basado en los derechos humanos, más allá de simplemente expandir la infraestructura carcelaria.