Familiares de víctimas de alias Castor fueron citados para conocer su preacuerdo con la Fiscalía: “Estaré en contra”

Los familiares de las víctimas de violencia urbana en Barranquilla manifestaron su descontento durante la audiencia realizada el miércoles 4 de marzo de 2026 en el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado, donde se discutió un preacuerdo entre la Fiscalía y Jorge Eliécer Díaz Collazos, conocido como alias Castor.

Este acuerdo permitiría al líder de Los Costeños lograr una reducción de pena al aceptar cargos por homicidio agravado, fabricación y porte de armas de uso privativo, amenazas contra servidor público, hurto calificado y agravado, entre otros delitos.

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Según documentos judiciales citados por El Heraldo, se convocó a familiares de al menos 133 víctimas, tanto fallecidos como heridos en ataques atribuidos a Castor y su organización.

Entre los convocados se encuentran familiares de las víctimas de las cuatro masacres en San José, Las Flores, El Santuario y Villa Campestre, ocurridas entre mayo de 2022 y junio de 2023.

El propósito del proceso es que los familiares escuchen directamente los términos del preacuerdo y puedan expresar su opinión antes de que el juez decida si lo acepta.

Las víctimas han manifestado preocupaciones sobre la equidad de la pena que podría recibir Díaz Collazos y su temor de que el acuerdo judicial reemplace un proceso político inconcluso.

El Tiempo recoge el testimonio de la madre de uno de los fallecidos, quien expresó: “Ya nos han dicho en muchas ocasiones que esto es un proceso de paz, de perdón, pero mi hijo no merece ninguna de esas palabras, ni esos perdones. Siempre que voté, dije que no. Siempre que me consulten, estaré en contra”.

La audiencia se produce en el contexto de intentos de acercamiento entre el procesado y los familiares.

Una fuente mencionada por el medio previamente citado informó que en septiembre de 2025, Díaz Collazos pidió perdón entre lágrimas y manifestó su arrepentimiento. Sin embargo, persisten temores a represalias y coacciones, lo que ha llevado a algunos familiares a solicitar mantener su identidad en reserva.

Si el juez rechaza el preacuerdo, el caso seguirá su curso por la vía ordinaria, con la presentación de pruebas y la posibilidad de un juicio completo. Si se aprueba, Díaz Collazos disfrutaría de beneficios punitivos al aceptar los cargos en su contra.

La situación se presenta en un contexto de incertidumbre tras el fallido intento de “paz urbana” entre los Costeños y los Pepes, facilitado por el Gobierno en 2025. El 2 de octubre de ese año, alias Castor y Digno Palomino, líder de los Pepes, formalizaron un acuerdo en la cárcel La Picota para cesar actividades delictivas hasta el 20 de enero de 2026.

Días después, el Gobierno emitió la Resolución 442, permitiendo acercamientos exploratorios y designando funcionarios para verificar la intención real de paz. Sin embargo, la mesa formal de diálogo nunca se estableció y el incremento de la violencia tras el vencimiento del plazo dejó en evidencia el fracaso de este mecanismo.

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) subrayó que estas estrategias requieren verificación independiente y claridad jurídica, alertando sobre el riesgo de que las estructuras criminales empleen las treguas para reanudarse internamente.

Entre los actos violentos vinculados a alias Castor y su grupo se encuentran la masacre de San José, del 12 de mayo de 2022; la masacre de Las Flores, el 10 de septiembre de 2022, que dejó seis jóvenes fallecidos; la masacre de El Santuario, el 23 de enero de 2023, que resultó en cuatro muertes; y la masacre de Villa Campestre, el 29 de junio de 2023, donde murieron tres integrantes de la familia Vega Daza.