ABC de las elecciones del Congreso de Colombia

El próximo 8 de marzo, los ciudadanos colombianos se dirigirán a las urnas para elegir a los representantes que ocuparán los asientos en el Congreso durante el período 2026–2030. Esta jornada definirá la estructura del Senado y la Cámara de Representantes, ambas entidades responsables de la legislación y el control político en los próximos cuatro años.

En total, 285 escaños están en juego. Sin embargo, el total podría cambiar ligeramente debido al estatuto de la oposición, que contempla una curul adicional en ciertas condiciones.

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Se elegirán 102 senadores por voto popular. De estos, 100 representan la circunscripción nacional, es decir, listas que compiten a nivel nacional, donde más de 3.000 candidatos están postulándose. Dos curules están destinadas a comunidades indígenas.

Además, existe la posibilidad de agregar un escaño más. El candidato que obtenga la segunda mayor cantidad de votos en la próxima elección presidencial tras el período legislativo tiene derecho a una curul en el Senado, lo que podría llevar la composición a 103 miembros si se materializa.

La Cámara de Representantes tendrá 183 curules disponibles. La mayoría, 161 de ellas, se asignan a departamentos y a Bogotá, según su población. Se suman además 16 escaños para las víctimas del conflicto armado, como parte de las circunscripciones especiales de paz.

También se incluye representación específica para diversos grupos demográficos: dos curules para comunidades afrodescendientes, una para comunidades indígenas y otra para la comunidad raizal de San Andrés. Adicionalmente, hay un escaño para los colombianos en el exterior y otro para la fórmula vicepresidencial que quede en segundo lugar en la elección presidencial.

Comparado con el período legislativo 2022–2026, el Congreso contará con diez curules menos, ya que han caducado las reglas temporales que garantizaban diez escaños al partido Comunes, que agrupa a ex-integrantes de las Farc-EP, como parte de los compromisos del acuerdo de paz. Esos escaños, cinco en el Senado y cinco en la Cámara, no estarán disponibles para el próximo cuatrienio.

Los congresistas electos desempeñarán sus funciones entre el 20 de julio de 2026 y el 19 de julio de 2030. Durante este período, llevarán a cabo tareas que van más allá del debate político cotidiano. Según la Constitución Política y la normativa que regula el funcionamiento del Legislativo, al Congreso le corresponde reformar la Carta Política mediante actos legislativos.

También tiene la autoridad para crear, interpretar, modificar y derogar leyes y códigos en todas las áreas de la legislación, lo que lo convierte en un actor fundamental en la configuración del marco jurídico del país.

En cuanto al control político, la Constitución estipula que el Congreso puede convocar y requerir a ministros y otras autoridades, así como conocer de acusaciones dirigidas contra altos funcionarios del Estado. De estos procesos pueden surgir herramientas como la moción de censura o la moción de observaciones. De forma excepcional, también tiene la competencia para juzgar a altos funcionarios por responsabilidad política, conforme a lo que establece la ley.

Su ámbito de responsabilidad también incluye la elección de altos funcionarios del Estado. Entre sus competencias están la elección del contralor general, del procurador general, de magistrados de la Corte Constitucional y de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, del defensor del Pueblo y, en caso de falta absoluta, del vicepresidente de la República.

Además, la normativa le permite establecer su propia organización y funcionamiento, tanto en el Congreso en su conjunto como en el Senado y la Cámara de Representantes. A través de sus comisiones, también puede convocar a cualquier persona natural o jurídica para que presente declaraciones, ya sean orales o escritas, en relación con investigaciones que se encuentren en curso.