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El proceso de liquidación judicial de Almacenes La 14 S.A. registra nuevos avances tras el pago total de las deudas laborales y la adopción de medidas dentro del expediente concursal para reorganizar el patrimonio vinculado a la compañía. La Superintendencia de Sociedades informó que el trámite ha cumplido varias etapas clave, entre ellas la cancelación del 100% de las acreencias laborales, que superaban los 6.000 millones de pesos, y la venta de activos que forman parte de la masa de liquidación.
Según el reporte oficial, el proceso también ha permitido la enajenación de activos no gravados por más de 16.600 millones de pesos, recursos que se integran al patrimonio destinado a atender las obligaciones pendientes con los acreedores. El inventario actualizado muestra un activo neto de liquidación de 652.557 millones de pesos frente a un pasivo de 621.202 millones de pesos.
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Mientras el procedimiento concursal continúa, algunos proveedores aún esperan la definición de los pagos correspondientes a sus acreencias. Empresarios vinculados a la cadena señalan que el proceso ha avanzado, aunque sostienen que todavía quedan compromisos por resolver dentro de la liquidación.
Dentro del proceso también se resolvió una acción judicial presentada por un grupo de acreedores que buscaba dejar sin efectos decisiones adoptadas por el juez del concurso.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, mediante un fallo de tutela emitido el 18 de febrero de 2026, negó la solicitud de los demandantes. La acción pretendía cuestionar la recalificación de ciertos créditos que inicialmente se consideraban garantizados.
El tribunal concluyó que el juez concursal actuó conforme a lo establecido en la Ley 1676 de 2013 y en el artículo 2.2.2.4.2.55 del Decreto 1074 de 2015. La decisión se tomó al determinar que el bien que respaldaba las garantías —los derechos fiduciarios sobre el Patrimonio Autónomo FC-La 14— no estaba incluido dentro del inventario aprobado del proceso, debido a que ese patrimonio se encontraba en etapa de terminación y liquidación.
Ante la inexistencia del bien otorgado en garantía, la autoridad concursal dispuso que los acreedores fueran reconocidos como quirografarios, es decir, sin privilegio sobre activos específicos. El tribunal determinó que no existía una vulneración del debido proceso ni una actuación irregular por parte de la autoridad concursal.
La cadena de almacenes La 14 tenía una historia de 58 años. Foto:Juan Pablo Rueda EL TIEMPO
Posteriormente, el 23 de febrero de 2026, el despacho concursal emitió el Auto 2026-01-072369, mediante el cual ordenó la consolidación patrimonial de Almacenes La 14 S.A. y Calima Desarrollos Inmobiliarios S.A.
La decisión se adoptó tras identificar operaciones que, según el análisis del proceso, carecían de legitimidad económica y afectaron la prenda general de los acreedores.
Entre los elementos evaluados se mencionan la transferencia de activos estratégicos de La 14 hacia Calima por valores inferiores a su valor real, la celebración de contratos de arrendamiento considerados excesivamente onerosos y el uso de esos bienes para respaldar operaciones de financiamiento que beneficiaban exclusivamente a Calima.
De acuerdo con el análisis del proceso concursal, estas operaciones generaron un vaciamiento patrimonial, lo que justificó la aplicación de la medida excepcional prevista en el artículo 2.2.2.14.4.1 del Decreto 1074 de 2015.
Con la consolidación patrimonial, los activos y pasivos de ambas sociedades pasarán a administrarse como una única masa concursada, lo que permitirá fortalecer la protección de los acreedores y facilitar la atención de los gastos de administración con cargo al patrimonio consolidado.
El superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, señaló que la consolidación patrimonial aplicada en este caso es una herramienta excepcional dentro del régimen de insolvencia.
“Este caso refleja el compromiso institucional con la transparencia, el rigor técnico y la defensa del interés general. La consolidación patrimonial constituye una herramienta excepcional del régimen de insolvencia que se aplica únicamente cuando los hechos demuestran un impacto real sobre la masa de acreedores”, afirmó.
La Superintendencia indicó que el proceso continuará avanzando conforme a las etapas establecidas en el régimen de insolvencia empresarial, mientras se siguen gestionando los activos que permitirán atender las obligaciones pendientes dentro de la liquidación.
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