Intervención de Air-e: Procuraduría exige plan estructurado para evitar liquidación

La intervención de Air-e se mantiene bajo escrutinio tras un nuevo requerimiento de la Procuraduría que cuestiona la claridad de las respuestas entregadas por la Superintendencia de Servicios Públicos. El organismo de control consideró insuficientes las explicaciones sobre el futuro de la empresa distribuidora de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira, intervenida por el Gobierno nacional hace más de año y medio.

¿Qué pide la Procuraduría sobre la intervención de Air-e?

La Procuraduría solicitó que la Superintendencia ampliara la información sobre las propuestas para recuperar financieramente la compañía y evitar su liquidación. El organismo también pidió mayor claridad sobre los cambios de agentes especiales que han liderado el proceso y las medidas para garantizar continuidad administrativa durante los relevos en la interventoría.

Las delegadas para Vigilancia de la Función Pública y para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios exigieron confirmar si existe un plan estructurado de solución y, en caso afirmativo, remitir toda la documentación que lo respalde. Según la Procuraduría, este seguimiento es prioritario porque el sector energético es estratégico para el país.

Cifras alarmantes: la deuda de Air-e crece bajo intervención

Los números de la intervención de Air-e generan preocupación en el sector eléctrico regional. La deuda total de la compañía alcanza aproximadamente 3,6 billones de pesos, de los cuales alrededor de 1,7 billones se acumularon después de que iniciara la intervención estatal en septiembre de 2024.

Uno de los aspectos más críticos es la deuda con empresas generadoras de energía. Antes de la intervención, estas obligaciones sumaban aproximadamente 825.000 millones de pesos, pero posteriormente superaron los 2,4 billones en distintos momentos del proceso. A principios de 2026, estimaciones del sector indicaban que esta deuda rondaba los 1,7 billones de pesos, más cerca de 300.000 millones en subsidios pendientes del Gobierno.

Expertos señalan que el panorama financiero de la intervención de Air-e no representa solo un problema corporativo, sino un desafío para la estabilidad del sistema eléctrico regional. La continuidad del servicio a millones de usuarios en la costa Caribe depende de las decisiones que se tomen en los próximos meses.

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