Antioquia demanda al Consejo de Estado por suspensión de órdenes de captura

La suspensión de órdenes de captura de 23 cabecillas criminales en Antioquia escaló el conflicto entre el gobierno departamental y las autoridades nacionales. El gobernador Andrés Julián Rendón anunció una acción de nulidad ante el Consejo de Estado para tumbar la resolución de la Fiscalía General de la Nación que ordena suspender estas capturas en el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño.

El anuncio ocurrió durante un Consejo de Seguridad Metropolitano realizado en Medellín el martes 31 de marzo, donde Rendón calificó la decisión como un acto que pone en riesgo la seguridad ciudadana. El gobernador, respaldado por los alcaldes de Itagüí y Envigado, cuestionó que se aplique la política de paz total con individuos ya sometidos a la justicia y condenados por extorsión, tortura y homicidio.

¿Cuáles son los argumentos de la suspensión de órdenes de captura?

Rendón argumentó que la suspensión de órdenes de captura es “abiertamente ilegítima” porque busca negociar con criminales que ya cumplen sentencias. Comparó la situación actual con el Caguán, uno de los episodios más polémicos de la historia colombiana, afirmando que no existe justificación lógica para “ordenar la libertad de delincuentes” que han controlado las redes criminales más potentes del departamento.

Según la Gobernación de Antioquia, los 23 cabecillas incluyen 7 personas que ya están en libertad y 16 que podrían serlo en cualquier momento bajo esta resolución. El mandatario enfatizó que esta medida interfiere en el proceso electoral de mayo de 2026, pues la presencia de estos criminales en las calles podría coartar el derecho al voto libre en zonas donde sus estructuras tienen control territorial.

¿Qué incluirá la demanda ante el Consejo de Estado?

La acción de nulidad se presentará el lunes de Pascua, una vez finalice la vacancia judicial, según anunció Rendón. La demanda sustentará sus argumentos en tres puntos clave:

Falta de consulta: las autoridades territoriales no fueron consultadas antes de tomar decisiones que afectan la seguridad regional.
Riesgo para víctimas y funcionarios: existe peligro inminente para víctimas, testigos, fiscales y jueces que participaron en la judicialización de estos criminales.
Interferencia electoral: la presencia de cabecillas en las calles podría afectar la libertad de voto en municipios del área metropolitana y Rionegro.

La Fiscalía aclaró que la resolución no implica la concesión de libertad a quienes se encuentren privados de ella en centros penitenciarios. Sin embargo, Rendón insiste en que la suspensión de órdenes de captura equivale a permitir que estos individuos transiten libremente por cualquier municipio, según informó la Fiscalía General de la Nación.

Esta confrontación entre la Gobernación de Antioquia y el gobierno nacional refleja profundas divisiones sobre cómo aplicar la política de paz total en zonas donde el crimen organizado mantiene un control territorial significativo. Para más información sobre seguridad en Colombia, consulta noticias de Colombia.