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Asesinato de Luis Carlos Vallejo: Paloma Valencia denuncia coerción electoral en el Cauca

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El exdiputado caucano Luis Carlos Vallejo fue asesinado tras ser secuestrado el 8 de marzo durante las elecciones legislativas. Su cuerpo fue hallado el 1 de abril con indicios de tortura. La candidata Paloma Valencia denunció que grupos armados ejercen presión sobre votantes para influir en las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

La coerción electoral en el Cauca ha quedado expuesta tras el asesinato de Luis Carlos Vallejo Román, exdiputado y líder comunitario afrodescendiente. La coerción electoral en el Cauca representa una grave amenaza a la democracia en la región, donde grupos armados ilegales controlan territorios y presionan a ciudadanos para manipular sus votos.

Vallejo Román fue secuestrado el 8 de marzo en la zona rural del municipio de López de Micay, mientras participaba en la jornada de elecciones legislativas. Su cuerpo fue encontrado sin vida el 1 de abril en una vereda de difícil acceso, con reportes preliminares que indicaban signos de tortura. Según la Defensoría del Pueblo, su muerte se suma a una larga lista de líderes sociales asesinados en regiones donde la presencia estatal es débil.

¿Por qué Paloma Valencia denuncia coerción electoral en el Cauca?

La candidata presidencial del Centro Democrático aseguró que la coerción electoral en el Cauca responde a la interferencia armada en procesos electorales. Valencia denunció que grupos ilegales relacionados con el narcotráfico ordenaban a los ciudadanos votar por candidatos específicos, y que Vallejo fue asesinado precisamente porque se negó a acatar esas imposiciones.

“En el Cauca son los fusiles de los que manejan la droga los que están imponiendo el voto. Votemos, caucanos, en contra de esta esclavitud en la que nos tienen sometidos”, expresó Valencia. La candidata señaló que la coerción electoral en el Cauca afecta directamente los comicios presidenciales programados para el 31 de mayo.

Investigaciones en curso y respuesta institucional

Según la Fiscalía General de la Nación, las investigaciones del caso continúan con equipos especializados desplegados en la región. La Defensoría del Pueblo enfatizó en la necesidad de proteger a líderes sociales en zonas de alto riesgo y exigió medidas de protección efectivas para quienes ejercen labor política y comunitaria.

Las autoridades han instado a esclarecer los hechos, judicializar a responsables y garantizar condiciones seguras para la participación electoral. Este caso refleja la vulnerabilidad de líderes comunitarios en territorios donde la coerción electoral en el Cauca sigue siendo un obstáculo para la democracia. Para conocer más sobre la situación política nacional, consulta más noticias de Colombia.