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Colombia

Juez confirma orden de arresto contra alcaldesa de Soledad por desacato

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Alcaldesa Soledad arresto — Juez confirma orden de arresto contra alcaldesa de Soledad por desacato

El Juzgado Civil del Municipal de Soledad, Atlántico, confirmó la orden de tres días de arresto y una multa contra la alcaldesa Alcira Sandoval. La decisión se tomó por el desacato a un fallo de tutela que exigía medidas de protección para 77 personas vulnerables, lo que resalta la obligación de los funcionarios públicos de cumplir con las órdenes judiciales.

La noticia de la alcaldesa Soledad arresto ha generado atención en el panorama judicial y político del departamento del Atlántico. La decisión, confirmada en segunda instancia por el Juzgado Civil del Municipal de Soledad el 17 de abril de 2026, ordena la detención de la mandataria Alcira Sandoval por el presunto desacato a un fallo de tutela. El desacato se refiere al incumplimiento de una orden judicial que busca proteger derechos fundamentales.

El fallo de tutela, emitido el 9 de septiembre de 2025, instruía a la Alcaldía de Soledad a implementar medidas de protección para 77 personas calificadas como población vulnerable. Estas medidas incluían la provisión de albergues transitorios o subsidios de arrendamiento. El incumplimiento de esta orden por parte de la administración municipal llevó a la declaración de desacato contra la funcionaria.

¿Qué implica la orden de alcaldesa Soledad arresto y la multa?

La confirmación del fallo establece que la alcaldesa Alcira Sandoval deberá cumplir tres días de arresto. Para este propósito, será trasladada a una estación de Policía ubicada en Soledad, Atlántico. Adicionalmente, se impuso una multa correspondiente a cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que equivale a $7.003.620.

El proceso judicial enfatizó que la responsabilidad del cumplimiento recaía directamente en la alcaldesa Sandoval como representante legal de la entidad obligada. El documento judicial precisó que “sí es imputable, a título de culpa, a la funcionaria sancionada en su calidad de representante legal de la entidad obligada, al no haber garantizar de manera efectiva la ejecución de las medidas de protección ordenadas, pese a contar con el deber constitucional, legal y funcional de hacerlo”. Este tipo de decisiones buscan asegurar la efectividad de las acciones judiciales, especialmente en casos que involucran derechos fundamentales de la población vulnerable.

La situación se deriva de un caso relacionado con la ocupación de un predio conocido como Finca Los Ángeles, donde residían las 77 personas afectadas. La tutela buscaba precisamente salvaguardar el derecho a la vivienda y la protección de esta población. Según El Tiempo, casos similares de desacato a tutelas son recurrentes en la administración pública.

Las obligaciones incumplidas que llevaron a la orden de arresto de la alcaldesa Soledad arresto incluyen:
Determinar las medidas de protección adecuadas.
Adoptar un plan para la implementación de dichas medidas.
* Ejecutar las acciones necesarias para garantizar albergues transitorios o subsidios de arrendamiento.

Este caso pone de manifiesto la rigurosidad con la que los juzgados evalúan el acatamiento de sus decisiones, particularmente cuando se trata de la protección de derechos fundamentales. Para conocer más detalles sobre decisiones judiciales en el país, puede consultar nuestra sección de unidad investigativa.