Mina La Mandinga: Polémica por minería ilegal y acusaciones en Antioquia

La Mina La Mandinga, ubicada en el corazón del Bajo Cauca antioqueño, se ha transformado en el epicentro de un debate nacional por la minería ilegal de oro y sus profundas implicaciones. Este predio de 2.000 hectáreas debería estar bajo custodia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), pero ha sido ocupado por actividades ilícitas. La extracción ilegal en la Mina La Mandinga ha devastado un área equivalente a 50.000 campos de fútbol, dejando un desierto de lodo y mercurio.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lanzó una contundente acusación contra el Gobierno Nacional. El mandatario regional afirmó que la explotación ilícita del oro en esta zona ha instigado los paros mineros que han paralizado la región entre 2022 y 2026. Rendón añadió que estos movimientos han sido promovidos por “agentes del partido de gobierno” del presidente Gustavo Petro.

¿Cuáles son las acusaciones sobre la Mina La Mandinga y su operación?

Las acusaciones del gobernador Rendón apuntan a una presunta inacción estatal frente al control de la minería ilegal en el predio. Según sus declaraciones, el “Clan del Golfo” controla la extracción de oro a gran escala en el lugar, el cual, paradójicamente, está cerca de unidades militares. La administración departamental critica que la explotación ilegal ocurra sin una intervención contundente de la fuerza pública, lo que, a su juicio, demuestra falta de voluntad política para recuperar el orden territorial.

La controversia también involucra a varias entidades. Mientras la Agencia Nacional de Minería (ANM) sostiene que un título minero se encuentra a cinco kilómetros de un batallón militar, Corantioquia ha señalado, con herramientas de georreferenciación, que el proyecto Mina Mandinga está a solo un kilómetro de los límites de dicha unidad. Desde octubre de 2025, la ANM solicitó a la Alcaldía de Cáceres acciones de amparo administrativo para frenar la ocupación ilegal, según lo reportado por El Tiempo.

Las principales entidades involucradas en la discusión son:
Gobernación de Antioquia: Lidera las denuncias y acusaciones contra el Gobierno Nacional.
Sociedad de Activos Especiales (SAE): Custodia el predio de 2.000 hectáreas que se ha convertido en enclave criminal.
Agencia Nacional de Minería (ANM): Entidad encargada de la titulación minera, ha solicitado amparos administrativos.
Corantioquia: Autoridad ambiental que ha reportado irregularidades desde 2011 y señalado la cercanía de la mina a la fuerza pública.

Corantioquia precisó que, aunque existe un título con licencia ambiental temporal desde 2022 (placa ODH-08201), otros sectores operan sin instrumentos aprobados, siendo una actividad netamente informal. La entidad ha informado a la Fiscalía y la Procuraduría sobre diversas irregularidades ambientales detectadas en la zona.

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