Trabajadores colombianos exigen garantías en transición energética laboral

La transición energética laboral en Colombia enfrenta un desafío significativo, con sindicatos y trabajadores de las principales regiones mineras del país exigiendo garantías para evitar impactos socioeconómicos negativos. La transición energética se define como el proceso de cambio gradual hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles, reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles. Esta situación se hizo evidente en el marco del Día Internacional del Trabajo, conmemorando el primero de mayo, y fue tema central en la ‘Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles’ en Santa Marta.

¿Qué implica la transición energética laboral para las regiones mineras?

La descarbonización, aunque necesaria para los objetivos climáticos globales, proyecta consecuencias directas sobre la fuerza laboral en departamentos como La Guajira, Cesar y Boyacá. Por ejemplo, solo en Boyacá, se estima una pérdida acumulada de 24.000 puestos de trabajo para el año 2035, según informes sindicales. A pesar del declive proyectado en el consumo global de carbón, este mineral sigue siendo un pilar fundamental para las exportaciones mineras de Colombia, alcanzando en 2024 un valor FOB cercano a los 6.000 millones de dólares, superando ampliamente al oro.

Los representantes de los trabajadores, como Igor Díaz del Centro de Investigación e Innovación desde los Trabajadores para una Transición Energética (CIPAME), enfatizan que la transición energética laboral no debe enfocarse únicamente en la producción de energía renovable. “La transición no debe medirse solo en gigavatios de energía renovable, sino en la capacidad de diversificar las economías locales”, afirmó Díaz, resaltando la necesidad de programas de reconversión laboral efectivos y el financiamiento adecuado para nuevas actividades productivas que generen “empleos verdes”.

Desafíos y propuestas de los trabajadores

Existe una marcada brecha entre la velocidad con la que se establecen las metas climáticas globales y la lentitud de los programas locales de formación y financiamiento para nuevas actividades productivas. Los sindicatos, incluyendo a Sintraelecol y el Colectivo de Trabajadores por la Transición Justa, han denunciado ser excluidos de los principales foros internacionales, lo que los ha llevado a capacitarse en herramientas digitales para comunicar directamente sus demandas. Información adicional sobre el impacto económico de estas transiciones puede encontrarse en publicaciones especializadas, como las de Portafolio.

Para abordar estos retos y asegurar una justa transición energética laboral, los trabajadores y sus organizaciones proponen:

Participación efectiva: Integración de la voz de los trabajadores en el diseño de políticas de transición.
Hoja de ruta clara: Establecimiento de un plan detallado para la reconversión y reubicación laboral.
Diversificación económica: Foco en proyectos agroindustriales y energéticos alternativos, como los impulsados por Asoextramicer en el Cesar tras cierres mineros.
Programas de formación: Desarrollo de capacitaciones que respondan a las necesidades de las nuevas economías verdes.

Los sindicatos insisten en que no se oponen a la transición energética, pero exigen que esta no se realice “a costa de los trabajadores ni de los territorios que han sostenido este país”. Esta perspectiva subraya la complejidad de equilibrar los objetivos ambientales con la justicia social y económica en Colombia. Para más detalles sobre la economía nacional y sus desafíos, puede consultar más noticias de economía.