La Contraloría General de la República está llevando a cabo una inspección en el Ministerio de Hacienda debido a la firma de más de 14.400 contratos por cerca de 4,55 billones de pesos en las semanas posteriores al levantamiento de la Ley de Garantías, específicamente entre el 22 de junio y el 21 de julio de 2026.
Inspección a contratos en Hacienda: ¿Qué investiga la Contraloría?
La fiscalización se centra en un volumen significativo de contratación estatal, donde de los más de 14.400 contratos identificados, 11.000 fueron suscritos de forma directa, sumando un valor que supera los 4 billones de pesos. Esta situación ha llevado a la Contraloría a emitir una función de advertencia, una de las facultades excepcionales otorgadas por la Constitución para alertar sobre posibles riesgos fiscales antes de que se materialicen.
En el marco de este seguimiento preventivo, la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría realizó una visita de inspección al Ministerio de Hacienda. Jenny Lindo, contralora delegada para la Economía, explicó que la entidad está utilizando herramientas como la función de advertencia y las visitas de policía judicial para monitorear la ejecución de recursos públicos.
La Contraloría ha señalado que el incremento en la contratación estatal durante este periodo fue del 22,5% en comparación con el mismo lapso de hace cuatro años. Esta cifra genera preocupación en el ente de control, que busca asegurar la transparencia y eficiencia en el uso de los fondos públicos. Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, rechazó las alertas de la Contraloría sobre supuestos excesos en la contratación, calificándolas de «narrativas poco sostenibles». Ávila afirmó que los pagos de emergencia no se detendrán y sostuvo que los desembolsos mensuales obligatorios rondan los $30 billones, pudiendo llegar hasta los $34 billones.
Déficit presupuestal y alertas financieras
Además de la fiscalización a los contratos, la Contraloría ha encendido las alarmas sobre la situación financiera del país. Ha alertado sobre un déficit preocupante en el presupuesto general de la nación para 2026, el cual está establecido en 555 billones de pesos. A junio de este año, el recaudo había alcanzado solo los 250 billones, lo que implica un déficit superior al 50%. Esta brecha financiera subraya la importancia de una gestión contractual y fiscal rigurosa para evitar presiones adicionales sobre las finanzas públicas.
La carrera por la Contraloría General: Elección en el Congreso
En paralelo a estas investigaciones, la atención del país también se centra en la próxima elección del Contralor General de la República para el período 2026-2030. La fecha definida para esta trascendental decisión es el miércoles 12 de agosto de 2026, a las 2:00 de la tarde, en una sesión plenaria conjunta del Senado y la Cámara de Representantes. Para ser elegido, el nuevo contralor deberá obtener la mayoría de los votos del Congreso, lo que se traduce en el apoyo de cerca de 142 de los 286 congresistas.
Entre los candidatos que suenan con más fuerza para ocupar este importante cargo se encuentran Andrés Castro, Carlos Mario Zuluaga, Jorge Laverde y Ana Monsalvo. Es de destacar que Luis Enrique Abadía García obtuvo el mejor resultado en la prueba de conocimientos del proceso de selección, con un puntaje de 86,74, lo que lo posiciona como un fuerte contendiente en la fase técnica del proceso.
Desde el gobierno de Abelardo De La Espriella, el ministro designado Rodrigo Lara aclaró que se respetará la autonomía y soberanía del Congreso en la elección del nuevo contralor general. Sin embargo, Lara hizo un llamado a los partidos políticos para que no hagan alianzas con el Pacto Histórico para llegar a acuerdos en el proceso de elección, enfatizando que el Gobierno no busca un «contralor de bolsillo».
Otros frentes de fiscalización de la Contraloría
La labor de fiscalización de la Contraloría se extiende a diversos sectores, revelando otras situaciones de interés público. Recientemente, la Contraloría de Colombia rechazó los estados financieros de la autoridad aeronáutica (Aerocivil) y alertó sobre fallas en contratos estratégicos, concluyendo que los balances son poco fiables y el control interno es débil. Asimismo, detectó un presunto detrimento de $33.009 millones en la Unidad para las Víctimas por bienes sin rastro.
En el ámbito regional, la Contraloría de Antioquia alertó por presuntas irregularidades en el Hospital de Caldas (Antioquia) el 22 de julio de 2026. La Contraloría también dio un ultimátum al Gobierno para que cumpla con el túnel del Toyo y anunció una Actuación de Fiscalización el 19 de julio de 2026. Adicionalmente, alertó que en Coosalud, entidad intervenida por el gobierno Petro, hay crisis financiera y presuntos pagos sin justificación.
Estos diversos frentes de acción demuestran la amplitud del rol de la Contraloría en la vigilancia de los recursos públicos en Colombia. La entidad continúa monitoreando y advirtiendo sobre posibles irregularidades en diferentes niveles de la administración pública.
