La Auditoría salud Antioquia, una revisión integral de la gestión territorial en salud entre 2025 y junio de 2026, ha desatado un conflicto institucional entre la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) y la Gobernación de Antioquia. El superintendente Daniel Quintero Calle reveló la detección de 23 hallazgos administrativos, de los cuales 3 tienen carácter penal y fueron remitidos a la Fiscalía General de la Nación, incluyendo denuncias formales contra la secretaria de Salud departamental.
¿Qué reveló la Auditoría salud Antioquia?
La Auditoría salud Antioquia identificó múltiples irregularidades, con un enfoque en el aspecto financiero y social. Se encontró una presunta malversación de 4.700 millones de pesos del Sistema General de Participaciones (SGP), fondos destinados a la salud pública en municipios de categorías 5 y 6. Según la Supersalud, estos recursos terminaron en cuentas de Empresas Sociales del Estado (ESE) sin formalización contractual adecuada y por fuera de las cuentas maestras oficiales, vulnerando mandatos legales. Además, se detectaron anomalías en la transferencia directa de dinero en municipios como Guarne y la falta de retorno de rendimientos financieros a las arcas estatales públicas.
El informe también incluyó casos de profunda gravedad social. El superintendente Quintero destacó la muerte de una gestante menor de 15 años de la etnia Embera, atribuida a la inacción en los protocolos de atención para embarazos de alto riesgo. Asimismo, mencionó el fallecimiento de una niña Embera Chamí en Andes, cuyo deceso tardó 138 días en ser reportado por las autoridades territoriales.
La respuesta de la Gobernación de Antioquia
Frente a las acusaciones, la secretaria de Salud e Inclusión Social de Antioquia, Alma Solano Sánchez, rechazó las conclusiones del informe. Solano Sánchez defendió la transparencia y probidad de la administración departamental, anunciando la presentación de pruebas documentales y contables para desvirtuar las inconsistencias.
La funcionaria cuestionó la imparcialidad de la Supersalud y denunció que en 2026, la Secretaría trasladó más de 50 alertas sobre fallas graves en la atención a pacientes dentro de Entidades Promotoras de Salud (EPS) e Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) intervenidas por la Nación, sin obtener respuesta. Además, remarcó que las menores indígenas fallecidas estaban afiliadas a Savia Salud y Coosalud, aseguradoras bajo intervención forzosa de la propia Supersalud al momento de los hechos, instando a revisar las omisiones de estas entidades. Más detalles sobre la polémica se pueden consultar en Semana.
Los hallazgos principales de la Auditoría salud Antioquia incluyen:
Malversación de 4.700 millones de pesos del SGP.
Irregularidades en la transferencia de fondos a ESE sin contratos.
Falta de retorno de rendimientos financieros a las arcas públicas.
Incumplimiento de protocolos de atención en casos de muertes de menores indígenas.
Este escenario marca un punto de inflexión en la relación entre el gobierno nacional y el departamental en materia de salud pública. Para conocer más sobre temas de gestión pública y control, visite más noticias de Colombia.
