La ejecución UNGRD alcanzó un preocupante 4,3% de los $15,3 billones apropiados entre 2022 y 2026, según un informe del Gobierno de Abelardo de la Espriella, derivado del proceso de empalme. Este diagnóstico, incluido en el documento “El Libro de la Verdad”, expone que más del 95% de los recursos destinados a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la entidad encargada de la prevención y atención de desastres en Colombia, permaneció sin utilizar. La situación plantea serias interrogantes sobre la preparación del país frente a emergencias y la protección de sus ciudadanos.
¿Qué implica la baja Ejecución UNGRD para los colombianos?
La ineficiente ejecución UNGRD tiene un impacto directo en la seguridad y el bienestar de millones de colombianos. Significa que proyectos vitales para la reducción de la vulnerabilidad ante desastres, la construcción de infraestructura resiliente y la atención humanitaria de emergencia no se llevaron a cabo o avanzaron de forma mínima. Por ejemplo, en la subregión de La Mojana, donde se proyectaron $568.453 millones para reducir la vulnerabilidad, la ejecución fue de apenas 0,82%, a pesar de la constante amenaza de inundaciones que afecta a sus habitantes.
La Contraloría General de la República también identificó irregularidades significativas que exacerban la preocupación. Entre los hallazgos se incluyen:
Recursos Pendientes de Reintegro: $240.766 millones de convenios vencidos con entidades como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y el Ministerio de Vivienda.
Hallazgos Fiscales: $223.988 millones en 106 proyectos financiados con regalías en la Región Caribe, con el 55% de estos presentando observaciones fiscales.
Entregas Sin Acreditación: $6.759 millones destinados a canastas para La Guajira, cuya entrega y calidad no pudieron ser acreditadas por la Contraloría, junto con entregas incompletas en Putumayo, Cauca y Nariño.
Desembolsos Anticipados: $856.289 millones girados de manera anticipada y $282.990 millones para obras de reducción de riesgo sin trazabilidad clara.
Estos datos reflejan una deficiencia sistémica que trasciende la simple gestión presupuestal y se convierte en una amenaza real para la vida y el patrimonio de las poblaciones más expuestas a fenómenos naturales, en un país con alta sismicidad y vulnerabilidad a eventos climáticos, como ha documentado El Tiempo.
La Presidencia, principal afectada por la inactividad de la UNGRD
El problema de la baja ejecución es aún más crítico si se considera que la UNGRD concentró el 82,8% de las apropiaciones del sector Presidencia de la República, un total de $15,3 billones de los $18,49 billones asignados a este sector entre 2022 y 2026. A pesar de manejar la mayoría de estos fondos, la Unidad presentó una ejecución acumulada mínima. La situación presupuestal mostró un descenso alarmante, con la ejecución cayendo al 0,2% a junio de 2026. Los estados financieros de 2024 fueron calificados como no razonables por la Contraloría, lo que subraya la urgencia de medidas correctivas.
Esta falta de acción en la ejecución UNGRD no solo genera ineficiencia administrativa, sino que también deja a las comunidades sin los recursos necesarios para mitigar los riesgos, responder eficazmente a desastres y recuperarse de ellos, afectando directamente la resiliencia del país. Para estar al tanto de las medidas que tomará el Gobierno, consulte más noticias de Colombia.
