La polémica por las frenar fotomultas en la vía Barranquilla-Cartagena escaló esta semana, con el ministro del Interior, Rodrigo Lara, uniéndose al llamado de la ministra de Transporte, Elsa Noguera, para revisar y potencialmente detener su implementación en este corredor vial. Las fotomultas son sistemas de detección electrónica que registran infracciones de tránsito, como el exceso de velocidad, y su implementación busca prevenir siniestros y salvar vidas, según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Noguera criticó la adición de tres nuevas cámaras, que elevarían a siete el número total en un tramo, considerándolas “excesivas” y un posible mecanismo de recaudo más que de prevención.
La solicitud formal de la Ministra de Transporte, realizada el viernes 21 de agosto, instó a la ANSV a evaluar la autorización de estos nuevos dispositivos, argumentando que una cantidad desproporcionada de cámaras distorsiona su propósito. Lara, por su parte, manifestó en su cuenta de X su apoyo a la iniciativa, refiriéndose a una lucha “contra las mafias de las fotomultas”, una postura que ya había defendido en su candidatura a la Alcaldía de Bogotá. Este respaldo ministerial amplifica la discusión sobre la efectividad y la legitimidad de estos controles de velocidad en el país.
¿Por qué es clave frenar fotomultas y cuál es su impacto nacional?
La controversia en la ruta Barranquilla-Cartagena no es un caso aislado, sino que refleja una preocupación extendida entre los conductores colombianos. Mientras el objetivo oficial de las fotomultas es mejorar la seguridad vial, la percepción de que operan más como herramientas de recaudo ha generado un descontento generalizado. El país cuenta con 1.339 cámaras de velocidad autorizadas por la ANSV, lo que demuestra la magnitud de este sistema y su potencial impacto económico en los ciudadanos.
Esta discusión se enmarca en un contexto donde el Ministerio de Transporte ha insistido en que solo los dispositivos autorizados pueden ser usados para imponer comparendos. De hecho, en el año 2026, la Superintendencia de Transporte ya inició investigaciones contra varios organismos de tránsito por presuntas irregularidades en el funcionamiento de sistemas de detección electrónica. Las autoridades buscan garantizar que la detección electrónica se enfoque en “prevenir siniestros y salvar vidas”, priorizando soluciones integrales de ingeniería, señalización y pedagogía, antes que la mera sanción.
Distribución nacional y el debate por la transparencia
La concentración de fotomultas en ciertos departamentos evidencia la disparidad en su implementación y el amplio alcance del debate.
Principales departamentos con cámaras de velocidad autorizadas:
Bogotá: 258 cámaras
Antioquia: 249 cámaras
Valle del Cauca: 197 cámaras
Atlántico: 152 cámaras
* Santander: 73 cámaras
La visión de la Ministra Noguera y el Ministro Lara subraya la necesidad de una revisión exhaustiva de la política de fotomultas, no solo en un corredor vial específico, sino a nivel nacional. La transparencia en la operación y la justificación de cada cámara son esenciales para recuperar la confianza ciudadana y asegurar que estos dispositivos cumplan su verdadera función social. Para profundizar en el debate sobre la seguridad vial y las fotomultas, puede consultar más información en El Tiempo.
La ciudadanía espera que el compromiso de las autoridades para frenar fotomultas excesivas se traduzca en políticas claras que balanceen la seguridad con el derecho a una movilidad justa, sin caer en prácticas que se perciban como abusivas. Este enfoque busca resolver una problemática que afecta directamente el bolsillo y la percepción de justicia de millones de colombianos. Para mantenerse informado sobre este y otros temas de interés nacional, explore más noticias de Colombia.
