El Ministerio del Interior, encabezado por Rodrigo Lara, publicó el 30 de septiembre un proyecto de decreto de 24 artículos orientado a regular el derecho a la protesta en Colombia y a definir con más precisión cuándo y cómo puede intervenir la Policía Nacional. El borrador quedó sometido a consulta pública y busca actualizar el Decreto 003 de 2021, que el Gobierno considera insuficiente frente a una conflictividad social que no ha dejado de crecer.
Por qué el Gobierno considera que el decreto de 2021 ya no alcanza
El Ministerio del Interior sostiene que el Decreto 003 de 2021 dejó tres vacíos clave: no determinó qué autoridad debe responder cuando hay bloqueos de vías, no fijó plazos de actuación y no estableció criterios para distinguir entre una interrupción que afecta el abastecimiento o el paso de misiones médicas y aquella que persigue otro objetivo.
El contexto detrás del borrador es el de una escalada sostenida. Según el Observatorio de Conflictividad Social de la Defensoría del Pueblo, citado en el texto del proyecto y reportado por Infobae, los eventos de protesta y conflicto pasaron de 1.427 en 2022 a 2.046 en 2023, luego a 3.832 en 2024 y a 4.039 en 2025. Esa conflictividad se registró en 536 municipios de los 32 departamentos y Bogotá. El bloqueo o corte de ruta fue el mecanismo más frecuente, con el 41% de los casos. Sumados, esos cuatro años acumulan más de 11.000 episodios; los de 2025 equivalen a unas once protestas o conflictos sociales por día y representan un alza del 5% frente a 2024.
Qué propone el decreto sobre el uso de la fuerza policial
El borrador establece que el diálogo y la mediación serán los mecanismos prioritarios frente a una manifestación. Pero fija una precisión que es la clave política del texto: esa prioridad del diálogo “constituye una regla de preferencia de medios de intervención respecto de la manifestación en su conjunto, y no un requisito previo que condicione, suspenda o posponga las actuaciones de intervención dirigidas individualmente contra quienes ejecuten actos de violencia”, según el texto citado por Infobae.
En términos prácticos: mientras las autoridades dialogan con los manifestantes pacíficos, la Policía puede actuar simultáneamente contra quienes incurran en violencia. La fuerza podrá emplearse cuando se detecte porte o uso de armas de fuego, armas cortopunzantes, explosivos o artefactos incendiarios; también ante la retención de personas contra su voluntad o agresiones a civiles ajenos a la protesta, servidores públicos, uniformados, misiones médicas o misiones periodísticas, según Infobae.
El proyecto contempla además que el diálogo pueda reanudarse incluso después de una intervención policial. Uno de los artículos señala: “El diálogo y la mediación podrán retomarse inclusive después de haberse empleado la fuerza, siempre que las acciones violentas hayan cesado y se adopten medidas orientadas a garantizar los derechos de quienes manifiestan pacíficamente y de quienes no participan en la manifestación”.
Los sectores y regiones donde más creció la conflictividad social
Los datos del Observatorio de la Defensoría del Pueblo revelan un mapa de la conflictividad por regiones en 2025: la Caribe concentró el 31% de los episodios, seguida de la Andina con el 30%, la Pacífica con el 14% y la Orinoquía con el 9%. El 16% restante se repartió en el resto del país.
Un dato que el Gobierno destaca como justificación para la nueva norma: las protestas de usuarios del sistema de salud habrían crecido un 121% entre 2024 y 2025, al pasar de 107 a 236 eventos reportados, según el texto del proyecto citado por Infobae. Para el Ministerio del Interior, ese crecimiento muestra que la conflictividad no está concentrada en actores políticos sino que se extiende a la ciudadanía que reclama servicios.
Ese dato, sin embargo, no coincide con el que la propia Defensoría del Pueblo difundió. Cuando la entidad presentó su informe anual en abril de 2026, la cifra que puso sobre la mesa para el alza de los reclamos por salud en 2025 fue del 81%, no del 121%. Las dos pueden estar midiendo cosas distintas —el universo de «reclamos por salud» no tiene por qué coincidir con el de «protestas de usuarios del sistema»—, pero el borrador todavía no aparece publicado en el sitio del Ministerio del Interior y no es posible contrastar el cálculo. Por ahora conviene leer el 121% por lo que es: la justificación del Gobierno, no una cifra confirmada por la Defensoría.
El proyecto de decreto es una propuesta sometida a consulta pública. Antes de convertirse en norma, deberá surtir ese trámite. La discusión, en un país donde las movilizaciones masivas son frecuentes y donde los límites entre protesta y bloqueo son campo de disputa constante, acaba de comenzar.