Un coronel del Ejército investigado por la Fiscalía General de la Nación enfrenta cargos por concierto para delinquir agravado, cohecho propio y fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido, tras ser señalado de colaborar con el ELN y estructuras de las disidencias de las FARC. El oficial, identificado como Carlos Didier Pérez Amorocho, habría entregado información reservada sobre operaciones militares a cambio de pagos que, según la Fiscalía, ascendían a 30 millones de pesos semanales en un periodo reciente. La investigación detalla un esquema de infiltración y apoyo a grupos armados ilegales que opera en regiones estratégicas del país.
¿Qué implica la investigación del coronel del Ejército para la seguridad nacional?
La investigación sobre este coronel del Ejército investigado reviste una gravedad particular por sus profundas implicaciones para la seguridad nacional y la confianza pública en las Fuerzas Militares. La infiltración de un oficial de alto rango, que habría recibido pagos iniciales de 15 millones de pesos en 2020 y posteriormente retribuciones semanales de 30 millones de pesos, expone una vulnerabilidad crítica. Este tipo de actos no solo compromete la eficacia de las operaciones militares contra grupos como el Frente de Guerra Oriental del ELN en Arauca y el Bloque Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia en Nariño, sino que también socava la moral de la tropa y la percepción de integridad institucional.
Los hechos imputados al coronel Pérez Amorocho detallan una serie de acciones que facilitaron el accionar de estos grupos armados. Entre las acusaciones se encuentran:
Reducción de la ofensiva militar contra el Frente de Guerra Oriental del ELN en Arauquita (Arauca) en 2020.
Alerta sobre movimientos de la fuerza pública para facilitar el transporte de estupefacientes, armas y dinero en Nariño entre enero y mayo de 2026.
Impedimento del avance de tropas para permitir la huida de cabecillas de una estructura armada en Nariño, en abril de este año.
Orden de arrojar narcóticos al río, previamente hallados, para que la organización ilícita pudiera recuperarlos.
Estos señalamientos evidencian cómo la corrupción interna puede neutralizar los esfuerzos del Estado en zonas de alta complejidad, donde la presencia de estos grupos ilegales es una constante amenaza. Según la Fiscalía General de la Nación, el procesado no aceptó los cargos durante la imputación.
Este caso pone de manifiesto el constante desafío que enfrenta Colombia para garantizar la transparencia y la probidad dentro de sus instituciones, especialmente en la lucha contra el crimen organizado y la insurgencia. La magnitud de los pagos y la sistematicidad de la colaboración, según las pruebas, sugieren una red de apoyo que pudo haber tenido consecuencias devastadoras en la seguridad de las regiones afectadas y en la vida de los ciudadanos. Se espera que la justicia avance con rigurosidad para esclarecer completamente estos hechos. Para conocer más sobre la lucha contra la corrupción en el país, explore nuestra sección de unidad investigativa.
