Colombia

Gobernador de Bolívar propone usar combustible incautado en emergencias

combustible incautado emergencias — Gobernador de Bolívar propone usar combustible incautado en emergencias
combustible incautado emergencias — Gobernador de Bolívar propone usar combustible incautado en emergencias

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, propuso formalmente al Gobierno Nacional que el combustible incautado a grupos delincuenciales se destine a mover maquinaria amarilla en zonas de emergencia. Esta medida busca resolver problemas de almacenamiento municipal y fortalecer la capacidad de respuesta de los departamentos ante desastres naturales. La iniciativa se presenta como una estrategia para optimizar recursos y proteger a las comunidades colombianas.

La propuesta de destinar el combustible incautado emergencias a la maquinaria amarilla de los departamentos busca transformar un insumo del crimen en una herramienta vital para la prevención y atención de desastres. El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, planteó formalmente al Gobierno Nacional la necesidad de un decreto que facilite la transferencia directa de ACPM y gasolina decomisados a las regiones. Esta medida, anunciada el 24 de agosto de 2026, pretende aliviar las recurrentes dificultades que enfrentan los entes territoriales para responder eficazmente a las emergencias por fenómenos naturales. La iniciativa surge en un contexto donde el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ha ordenado una ofensiva contra el hurto de crudo y refinados en el país.

¿Qué beneficios traería el uso de combustible incautado en emergencias?

La propuesta del gobernador Arana aborda varios desafíos operativos y fiscales que afectan a los departamentos colombianos, especialmente a los más vulnerables a los eventos climáticos. Actualmente, la gestión del combustible decomisado por las Fuerzas Militares o la Policía recae en inspectores locales, quienes carecen de infraestructura adecuada para su almacenamiento seguro. Esta situación genera riesgos ambientales y de seguridad para las comunidades, al acumular miles de galones de ACPM y gasolina en patios y sedes administrativas.

La implementación de esta medida traería múltiples beneficios directos para Colombia y sus habitantes:
Agilidad en la respuesta: La maquinaria amarilla (retroexcavadoras, buldóceres, volquetas) podría movilizarse rápidamente en casos de inundaciones, deslizamientos o despeje de vías, sin demoras por falta de combustible.
Reducción de costos: Los departamentos y municipios ahorrarían recursos públicos significativos al no tener que comprar grandes volúmenes de combustible para sus labores de gestión del riesgo.
Mitigación de riesgos: Se eliminaría el peligro latente que representa el almacenamiento inadecuado del combustible incautado en áreas urbanas o rurales, evitando posibles accidentes o contaminación.
Reutilización estratégica: Un bien ilegal, producto del contrabando o el hurto, se transformaría en un activo al servicio de la protección ciudadana y el desarrollo regional.
* Fortalecimiento institucional: Mejoraría la capacidad operativa de las dependencias departamentales encargadas de la gestión del riesgo de desastres.

El cuello de botella en la gestión del combustible incautado

En Colombia, la vulnerabilidad ante fenómenos como las inundaciones de la Depresión Momposina o los deslizamientos estacionales es alta, haciendo vital la disponibilidad de maquinaria pesada. Sin embargo, la falta de presupuesto para adquirir ACPM o gasolina suele ser un impedimento recurrente, ralentizando la atención de emergencias. Esta propuesta de combustible incautado emergencias busca solventar esta deficiencia operativa.

La iniciativa requeriría un marco normativo claro, posiblemente a través de un decreto presidencial, que garantice que la transferencia del combustible se realice con estricto control estatal y tras los peritajes de la Fiscalía General de la Nación, como explicó el mandatario bolivarense en declaraciones recogidas por El Tiempo. De esta manera, se asegura la legalidad y la eficiencia en el proceso, permitiendo que un problema se convierta en parte de la solución para la gestión del riesgo en el país.

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