El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció hoy, 24 de agosto de 2026, la aplicación de medidas migratorias más radicales y una “cruzada” contra la migración ilegal, ordenando operativos inmediatos para identificar y deportar a extranjeros en situación irregular o que cometan delitos en el país.
El mandatario, que asumió el cargo el pasado 7 de agosto de 2026, comunicó esta decisión durante un Consejo de Seguridad celebrado en Barranquilla. De la Espriella, quien considera a Barranquilla su casa y ha establecido allí una sede presidencial alterna, enfatizó la urgencia de su nueva política migratoria, la cual busca “primero” abordar a los extranjeros que estén cometiendo delitos y, “segundo”, a quienes no tengan regularizada su situación migratoria.
“Aquí no voy a aceptar inmigrantes ilegales, de donde sea que vengan, que estén cometiendo fechorías en Colombia”, sentenció el presidente, añadiendo que “se van y los deportamos”. La orden presidencial es clara: Migración Colombia y la Policía de Barranquilla deberán iniciar esta misma semana los operativos para la identificación y posterior deportación de estas personas “en el término de la distancia”. Esta postura se enmarca en una reiteración de su visión nacionalista, expresada con la frase: “Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”.
¿Qué medidas ordenó Abelardo de la Espriella contra la inmigración irregular?
Las directrices del presidente Abelardo de la Espriella marcan un giro significativo en el manejo de la inmigración irregular en Colombia. La orden principal es la implementación de operativos coordinados entre Migración Colombia y la Policía de Barranquilla, con el objetivo de identificar y deportar a dos grupos específicos de extranjeros.
En primer lugar, los operativos se enfocarán en aquellos extranjeros que estén cometiendo delitos en territorio colombiano. El presidente ha sido enfático en que no tolerará la comisión de “fechorías” por parte de inmigrantes, independientemente de su origen. La instrucción es que estos individuos sean “deportados” de manera inmediata.
En segundo lugar, la “cruzada” presidencial se dirigirá a quienes no tengan regularizada su situación migratoria en el país. Para ellos, la orden es igualmente contundente: “en el término de la distancia tendrán que ser deportados”. Esto sugiere un proceso expedito para la expulsión de aquellos que no cumplan con los requisitos legales para su permanencia en Colombia.
El anuncio de estas medidas se realizó en el contexto de un Consejo de Seguridad, lo que subraya la conexión que el gobierno hace entre la inmigración irregular y la seguridad nacional. La nueva estrategia de seguridad del gobierno también busca unificar el trato del Estado frente a las organizaciones criminales, considerando terroristas a todos los grupos armados ilegales, lo que podría implicar un endurecimiento generalizado de las políticas en materia de orden público.
Radiografía de la migración venezolana en Colombia
La situación de la migración venezolana en Colombia es un factor clave en el debate sobre la inmigración irregular. Las cifras varían según la fuente, pero todas coinciden en la magnitud del fenómeno. Según datos de Migración Colombia, aproximadamente 481.000 venezolanos permanecen sin documentos en el país.
Otras fuentes, citando a la autoridad migratoria, indican que hasta junio de 2026, 2,8 millones de migrantes venezolanos vivían en Colombia, y de ellos, más de 527.000 estaban en situación irregular. Por su parte, un reporte de Diario Extra Ecuador señaló que, a mediados de 2026, cerca de 847.000 de los más de 2,8 millones de venezolanos en Colombia se encontraban en condición irregular, lo que evidencia la disparidad en las estimaciones sobre el número exacto de personas indocumentadas. La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) estimó en 3 millones los venezolanos en Colombia para el año 2025, lo que marca una tendencia ascendente en la presencia de esta población en el país.
En cuanto a las acciones de las autoridades migratorias, en lo corrido de 2026, hasta el 16 de abril, Migración Colombia registró 310 casos de deportaciones y/o expulsiones de ciudadanos extranjeros. Estas cifras, anteriores al anuncio presidencial de hoy, podrían experimentar un incremento significativo con la implementación de las nuevas directrices.
Contexto y desafíos de la inmigración irregular
Más allá de la migración venezolana, Colombia enfrenta un complejo panorama migratorio que incluye el tránsito irregular de personas de diversas nacionalidades. El Sistema de Información para el Monitoreo de Fenómenos Migratorios (SVEM) de Migración Colombia reportó una reducción general del 38,7% en las detecciones de migrantes en tránsito irregular en lo corrido de 2026 (hasta el 31 de mayo) en comparación con el mismo período de 2025, con un total de 44.597 detecciones. De este total, el 95,2% de las detecciones corresponde a personas de nacionalidad venezolana, lo que reafirma la predominancia de este flujo.
Los movimientos de tránsito irregular se concentran principalmente en las fronteras del país. Hasta mayo de 2026, el 49% de estos movimientos se ubicó en la frontera con Ecuador y el 41,6% en la frontera con Venezuela. Curiosamente, el flujo norte-sur, hacia la frontera con Panamá, registró 3.980 detecciones hasta mayo de 2026, mostrando una caída del 69% respecto al año anterior, lo que podría indicar cambios en las rutas o métodos de los migrantes en tránsito.
La problemática de la inmigración irregular no es exclusiva de Colombia. Un informe del Migration Policy Institute (MPI) de julio de 2026 reveló que el número de colombianos en situación migratoria irregular en Estados Unidos aumentó de 182.000 en 2019 a 444.000 en 2024, lo que representa un incremento del 144%. Este dato pone de manifiesto la complejidad global del fenómeno migratorio y la doble vía en la que Colombia se encuentra involucrada, tanto como país receptor como emisor de migrantes irregulares.
Finalmente, en un hecho reciente que impacta la operatividad migratoria, Migración Colombia suspendió temporalmente la atención presencial en siete de sus sedes tras un sismo ocurrido el 10 de agosto de 2026. Esta situación podría generar desafíos adicionales en la gestión de trámites y en la implementación de las nuevas medidas anunciadas por el presidente.
¿Qué viene ahora tras las órdenes presidenciales?
Las órdenes del presidente Abelardo de la Espriella marcan el inicio de una fase de intensificación en el control migratorio en Colombia. Se espera que Migración Colombia y la Policía inicien “esta misma semana” los operativos anunciados en Barranquilla y, potencialmente, en otras ciudades del país donde la presencia de migrantes irregulares es significativa. La celeridad en las deportaciones, bajo la premisa de “en el término de la distancia”, sugiere un proceso más ágil para la expulsión de quienes no cumplan con la ley.
La implementación de estas medidas generará un debate sobre su alcance y sus implicaciones humanitarias, especialmente para la población venezolana que busca refugio o nuevas oportunidades en Colombia. Las organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional estarán atentas a cómo se desarrollan estos operativos y si se garantizan los derechos fundamentales de los migrantes, incluso aquellos en situación irregular. La “cruzada” presidencial contra la migración ilegal, enmarcada en una postura nacionalista, definirá un precedente en la política migratoria del país en los próximos meses.
