La liquidación Deportivo Pereira es una posibilidad real tras la solicitud de Acolfutpro, presentada formalmente ante la Superintendencia de Sociedades el 25 de agosto de 2026. Este proceso legal, la liquidación judicial, es una medida extrema que busca vender los activos de una empresa para pagar a sus acreedores cuando la reorganización empresarial ha fracasado en su objetivo de salvar la compañía. La decisión de la agremiación de futbolistas se fundamenta en los constantes retrasos salariales, lo que ha llevado al plantel profesional a suspender sus actividades desde el 24 de agosto.
La crisis del Deportivo Pereira no es nueva. En enero de 2026, la Superintendencia de Sociedades decretó de oficio el inicio de su reorganización empresarial, debido a una delicada situación económica. Al 31 de agosto de 2025, el club Matecaña registraba una cesación de pagos por $11.252 millones, lo que representaba el 50,40 % de sus pasivos. La reorganización busca reestructurar las finanzas y garantizar la continuidad de la empresa; sin embargo, Acolfutpro argumenta que los nuevos incumplimientos salariales, que incluyen la nómina de julio y la primera quincena de agosto de 2026, violan los términos del proceso y las obligaciones preferentes establecidas por la Ley 1116 de 2006.
¿Qué implicaciones tendría la liquidación Deportivo Pereira para el fútbol colombiano?
Una eventual liquidación Deportivo Pereira tendría consecuencias significativas que trascienden las fronteras de la capital risaraldense. Para el fútbol colombiano, representaría la desaparición de un club con más de 70 años de historia, afectando directamente la Dimayor y la estabilidad de la liga. Económicamente, podría impactar a proveedores, empleados y a la propia ciudad de Pereira, que perdería un importante motor de actividad social y deportiva. Para los jugadores, implicaría la rescisión de contratos y una compleja búsqueda de nuevos equipos, generando incertidumbre laboral en un sector ya vulnerable.
Acolfutpro ha expuesto varios puntos clave en su solicitud, buscando proteger los derechos de los futbolistas:
Incumplimiento de pagos: La reiterada mora en salarios de julio y la primera quincena de agosto de 2026.
Violación de la Ley 1116 de 2006: Estas obligaciones son preferentes dentro del proceso de reorganización.
Fracaso de la reorganización: La persistencia de deudas laborales indica que el proceso inicial no cumple su propósito.
Protección a los futbolistas: La agremiación busca garantizar los derechos laborales y económicos de los atletas.
El camino hacia la liquidación judicial: ¿qué sigue?
Es fundamental aclarar que la solicitud de Acolfutpro no implica una liquidación Deportivo Pereira inmediata. La decisión final recae en la Superintendencia de Sociedades, entidad que deberá analizar los argumentos, el estado actual del proceso de reorganización y el cumplimiento de las obligaciones del club. Si la Superintendencia determina que existen razones jurídicas para decretar la liquidación, el objetivo del proceso dejaría de ser la recuperación financiera para enfocarse en la realización de activos con el fin de saldar las deudas reconocidas, según lo estipulado por la Ley 1116 de 2006, la cual regula los regímenes de insolvencia en Colombia, según la propia Superintendencia de Sociedades.
Este panorama de incertidumbre se agrava con la repetición de las protestas de los jugadores. El plantel ha decidido no entrenar ni presentarse a partidos hasta que se resuelvan los pagos pendientes, una situación que ya se vivió en 2025 y obligó al club a utilizar futbolistas juveniles en encuentros oficiales. El caso del Deportivo Pereira subraya la necesidad de una gestión financiera más rigurosa en el fútbol profesional colombiano para garantizar la sostenibilidad de los equipos y la estabilidad de sus empleados. Para más detalles sobre la economía del deporte en el país, consulte más noticias de economía.
