La activista Juliana Guerrero, cercana al petrismo y conocida públicamente por haber intentado acceder a la Viceministería de Igualdad del gobierno de Gustavo Petro con certificados universitarios irregulares, llegó el miércoles 9 de septiembre de 2026 a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.
Durante la audiencia judicial de ese día, Guerrero aceptó formalmente su responsabilidad penal en el delito de fraude procesal. El acuerdo pactado entre las partes degradó su grado de participación de autora a cómplice, y fijó una pena propuesta de tres años de prisión con posibilidad de ejecución condicional, más el pago de una multa económica y la inhabilitación para ejercer cargos públicos en el Estado, según informó Infobae Colombia con base en la diligencia judicial.
Qué significa el preacuerdo con la Fiscalía
Un preacuerdo es un mecanismo del sistema penal acusatorio colombiano que permite negociar entre el procesado y la Fiscalía antes de llegar a un juicio oral. A cambio de aceptar los cargos y colaborar con la justicia, la persona puede obtener rebajas en la pena o una degradación en su grado de participación.
En el caso de Guerrero, la degradación de autora a cómplice redujo la pena base del delito. La pena de tres años con ejecución condicional significa que no necesariamente irá a prisión si cumple las condiciones impuestas por el juez durante el período de prueba. Sin embargo, la inhabilitación para ejercer cargos públicos sí produce efectos concretos una vez ejecutoriada la sentencia, cerrándole la puerta a cualquier cargo en la rama ejecutiva, legislativa o judicial del Estado.
El Ministerio Público pidió abrir otra investigación
Durante la misma audiencia del 9 de septiembre, el procurador judicial designado por el Ministerio Público solicitó formalmente a la justicia que se compulsaran copias para investigar a Guerrero por el presunto delito de falsedad en documento público, adicional al fraude procesal ya admitido.
La petición amplía el alcance judicial del caso. La procesada podría enfrentar un segundo proceso penal por hechos relacionados con la presentación de documentos universitarios para acceder a cargos en el Estado durante el gobierno Petro. La compulsación de copias es una solicitud formal para que otra instancia de la justicia inicie una investigación independiente.
El trasfondo del caso
El expediente judicial contra Juliana Guerrero se abrió después de que se conociera que había intentado ocupar un cargo directivo en la rama ejecutiva durante el gobierno de Gustavo Petro, presentando títulos académicos que no correspondían a su formación real. El caso llamó la atención porque Guerrero había tenido visibilidad pública como activista política cercana al gobierno de turno.
La Fiscalía formalizó la imputación de cargos en una etapa anterior del proceso, y el preacuerdo del 9 de septiembre evita que el caso llegue a juicio oral. El juez deberá revisar y aprobar el acuerdo antes de que adquiera validez definitiva. Si lo aprueba, la sentencia condenatoria quedará en firme con los términos pactados. Con la solicitud del Ministerio Público de compulsar copias, el caso judicial de Guerrero podría extenderse por varios meses adicionales en una segunda línea investigativa.