La Fundación Universitaria San José volvió al centro del escándalo el 11 de septiembre de 2026, luego de que la justicia condenara a Juliana Guerrero a tres años de prisión —excarcelables— por fraude procesal. Guerrero había falsificado títulos universitarios para aspirar al cargo de viceministra de las Juventudes durante el gobierno de Gustavo Petro.
La condena no llegó sola. También fue condenado Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la San José, por haber expedido los títulos falsos de Contaduría Pública y Tecnología en Gestión Contable y Tributaria que figuraban a nombre de Guerrero.
¿Qué pasa con los otros 24?
La pregunta que muchos se hacen es: ¿qué sucederá con el resto de los señalados? En enero de 2026, la representante Catherine Juvinao (Alianza Verde) denunció un presunto “cartel de diplomas” al identificar 24 funcionarios en 16 entidades con contratos que superaban los $1.100 millones del erario, todos con títulos obtenidos en la San José de manera irregular.
El esquema denunciado incluye la obtención de títulos “exprés”, sin presentar las pruebas Saber Pro —un requisito legal— o presentándolas apenas meses después de la graduación, lo que es jurídicamente imposible bajo el procedimiento normal.
Algunos casos resultan difíciles de ignorar. Héctor Julio García Orduz, analista de la DIAN, habría recibido cuatro títulos universitarios el mismo día, el 5 de julio de 2024: Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y Marketing Internacional. Nelfy Melo Morales, secretaria privada de Gustavo Petro, habría obtenido tres títulos en un año y medio.
Ambos negaron irregularidades. García Orduz argumentó que los programas compartían cerca del 60 % de los contenidos y que la institución le indicó que no era necesario presentar múltiples pruebas Saber Pro. Melo Morales afirmó haber cumplido todos los requisitos académicos y negó haber presionado de manera indebida su proceso de grado.
La investigación de MinEducación: en curso, sin decisiones
El Ministerio de Educación confirmó el 10 de septiembre que mantiene una investigación administrativa sancionatoria contra la Fundación San José, con un nuevo auto de pruebas emitido el 20 de agosto. Sin embargo, no ha anunciado medidas concretas contra los 24 funcionarios señalados.
Según un abogado del caso consultado por El Colombiano, el proceso aún no ha llegado a una decisión. “La cuestión ahora es cuándo va a salir esa decisión y cuál será su efecto. Dentro de los posibles efectos está remover a toda la junta, intervenir formalmente la institución, adoptar un plan de mejoramiento o incluso cerrarla”, explicó.
Las consecuencias para la institución podrían incluir multas económicas, suspensión de registros calificados o la clausura definitiva, dependiendo de la magnitud de las irregularidades que confirme la investigación.
Angie Rodríguez y las presiones en el gobierno Petro
Un elemento adicional que podría ampliar el caso es el testimonio de Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y del Fondo Adaptación, quien afirma conocer quién ordenó incluir la hoja de vida de Guerrero con datos falsos. Rodríguez ha declarado que Guerrero “actuaba como ama y señora”, ejerciendo presiones para manipular nombramientos en el gobierno Petro sin ser funcionaria pública.
Según reportó El Tiempo, también se investigaría el uso de aviones de la Policía y esquemas de seguridad de la UNP asignados a Guerrero y su hermana Verónica. Rodríguez podría ser llamada a declarar en un nuevo proceso que amplíe la investigación a más personas.
Una universidad y 24 funcionarios aún sin respuesta
La Fundación Universitaria San José acumula dos condenas directamente vinculadas a la expedición de títulos irregulares y una investigación ministerial activa. Mientras tanto, los 24 funcionarios denunciados por Juvinao en enero siguen sin que el Ministerio haya tomado decisiones sobre su situación.
La condena de Guerrero cierra un capítulo, pero abre otro: el de cuántos diplomas similares siguen vigentes en el Estado colombiano.