Agentes de la Dijín de la Policía Nacional realizaron el martes 15 de septiembre una inspección en la antigua sede del Movimiento Polo Democrático Alternativo, en Bogotá, actualmente utilizada como sede del Pacto Histórico. La orden la emitió una Fiscalía de la Dirección Especializada contra la Corrupción, con aval previo de un juez de control de garantías.
Los investigadores buscaban documentos, cuentas, soportes financieros y contables relacionados con la consulta interna del Pacto Histórico de octubre de 2025, en la que Iván Cepeda Castro se impuso sobre Diana Carolina Corcho para convertirse en el candidato presidencial de esa coalición. El procedimiento se conoce en medio de una indagación previa de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra Cepeda por presuntas irregularidades en esa misma consulta.
Los 725 millones que no cuadran en la campaña de Cepeda
La campaña de Cepeda Castro reportó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) gastos totales por 964 millones de pesos. De ese monto, 725 millones están bajo la lupa. La discusión se centra en 609 millones relacionados con Samat Publicidad S.A.S. y 116 millones adicionales con Javier Antonio Pérez Páez, el representante legal de esa empresa.
El problema no es solo el monto: es que hay tres versiones distintas sobre la naturaleza de esos recursos. Pérez declaró que correspondían a servicios de publicidad prestados en especie por su empresa, pendientes de pago. El gerente de campaña, Saúl Garzón, dijo que era un crédito que se pagaría con la reposición de votos del CNE. Pero el formulario oficial presentado ante esa entidad los clasifica como “contribuciones o donaciones de los particulares”.
Si son donaciones, aplica la restricción legal que prohíbe contribuciones individuales superiores al 10% del total recaudado. Si son créditos, la investigación tomaría otro camino. El CNE cerró el caso a principios de septiembre y concluyó que no estaba demostrado que se tratara de donaciones. La Corte Suprema y ahora la Fiscalía creen que falta material probatorio para cerrar el expediente.
El caso Corcho: un restaurante de corrientazos y 740 millones en refrigerios
La campaña de Diana Carolina Corcho también enfrenta señalamientos. Cerca de 740 millones de pesos de sus gastos aparecen registrados a nombre de “Gusteau Chefcito Sigi. ML JV EU”, un restaurante de corrientazos ubicado al sur de Bogotá que, al momento de la consulta, estaba en proceso de liquidación ante la Cámara de Comercio. Ese dinero habría sido destinado a “refrigerios” para la campaña y estaría pendiente de pago con la reposición del CNE.
La campaña de Corcho rechazó los señalamientos en su momento. “La totalidad de los gastos ejecutados objeto de reposición, así como las donaciones y aportes, fueron registrados de manera íntegra y oportuna en la plataforma”, señaló en un comunicado.
Una consulta sin partido: el problema jurídico del Polo disuelto
Hay un nudo jurídico adicional. El Pacto Histórico no era un partido con personería jurídica propia cuando inscribió la consulta ante el CNE en 2025, así que el proceso quedó formalmente bajo el paraguas del Polo Democrático, que después fue disuelto. La sede que fue inspeccionada es exactamente esa: la antigua sede del Polo, hoy ocupada por la coalición que lo sucedió. Las obligaciones de rendición de cuentas siguen atadas a esa figura jurídica extinta.
La Fiscalía busca establecer si la información que las campañas reportaron ante el CNE corresponde efectivamente a los financiadores reales, si los recursos provenían de fuentes permitidas, si respetaron los límites legales y si fueron registrados correctamente. En las próximas semanas se conocerá qué resultó del material recopilado en la inspección.