72 sedes universitarias y 126.000 estudiantes: el impacto del terremoto en la educación superior pública de Colombia

El terremoto del 10 de agosto de 2026 dañó 72 sedes de instituciones de educación superior públicas y afectó a más de 126.000 estudiantes en Colombia. El Gobierno amplió el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa para que pueda financiar y ejecutar las obras de reconstrucción.

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el 10 de agosto de 2026 no solo destruyó viviendas e infraestructura vial: también dejó daños en 72 sedes de universidades e instituciones de educación superior (IES) públicas, con afectaciones que impactaron a más de 126.000 estudiantes en 16 departamentos.

Para atender ese frente, el Gobierno amplió de manera transitoria las facultades del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE). La medida, que adiciona un parágrafo transitorio al artículo 59 de la Ley 1753 de 2015, autoriza al Fondo a viabilizar, financiar, estructurar y ejecutar proyectos de infraestructura en IES públicas —algo que hasta ahora estaba fuera de su objeto, limitado a educación inicial, preescolar, básica y media.

Alcance de la medida

Las nuevas facultades cubren proyectos de construcción, mejoramiento, adecuación, rehabilitación y dotación de infraestructura, así como estudios, diseños e interventorías necesarios para ejecutar las obras. La disposición aplica en los municipios de los 16 departamentos incluidos en la declaratoria de emergencia económica del Decreto 1261 de 2026.

Para acceder a las intervenciones, cada institución deberá acreditar de manera directa que los daños fueron ocasionados por el terremoto del 10 de agosto, y los daños deberán pasar por un proceso de verificación técnica que establezca el alcance y los costos estimados de atención. La priorización de los proyectos estará a cargo del Ministerio de Educación Nacional, con criterios técnicos, territoriales y presupuestales.

Recursos y protección del presupuesto ordinario

Los recursos para las obras podrán provenir de fuentes destinadas a la emergencia o del Presupuesto General de la Nación, con registro contable separado para garantizar su trazabilidad. La medida establece además una protección explícita: prohíbe trasladar recursos asignados a proyectos de educación básica y media para financiar las intervenciones en universidades.

Según el PNUD, el terremoto del 10 de agosto generó daños totales por USD 14.000 millones en Colombia, incluyendo 4.316 centros educativos. El FFIE ampliado suma ahora las 72 sedes universitarias públicas a esa lista de infraestructura por reconstruir.

Fuente: La República, 19 de septiembre de 2026.