El presidente Abelardo de la Espriella rechazó las acusaciones de que el recorte presupuestario previsto para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2027 responde a represalias políticas. “No es asfixia ni venganza”, respondió el mandatario a las advertencias del presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, quien el viernes 18 de septiembre de 2026 alertó que el recorte comprometería el funcionamiento del tribunal.
El recorte que encendió el debate
El viernes 18 de septiembre de 2026, el magistrado Alejandro Ramelli advirtió públicamente que el presupuesto propuesto por el gobierno para la JEP en 2027 implica un recorte de $185.000 millones de pesos, lo que a su juicio podría paralizar el funcionamiento del tribunal. La advertencia llegó el mismo día en que la JEP emitió su sentencia histórica en el Caso 01: la condena de Rodrigo Londoño (alias Timochenko) y otros seis exjefes de las FARC-EP por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
La coincidencia de fechas —condena el viernes, anuncio del recorte presupuestario el mismo viernes— alimentó las versiones de que el ajuste presupuestal era una respuesta del gobierno al fallo. Desde la oposición y algunas organizaciones de derechos humanos señalaron el momento como deliberado.
La respuesta del presidente: “No aceptaré una burocracia costosa”
De la Espriella defendió el ajuste presupuestario como parte de una política de austeridad general del Estado colombiano, en el contexto de una deuda pública que el CARF estima podría acercarse al 71% del PIB. “No aceptaré una burocracia costosa que no rinde cuentas de sus resultados”, declaró el mandatario según reportó 724noticias.
El presidente negó que el recorte sea una respuesta a la sentencia del Caso 01. “No es asfixia ni venganza”, fue la fórmula con la que respondió a las acusaciones, según el medio Cambio Colombia. La Agencia EFE reportó que De la Espriella argumentó que el recorte es “justificable” dado el estado de las finanzas públicas y que la JEP no está siendo tratada de manera diferente a otras entidades del Estado.
Qué está en juego: paz y déficit fiscal en la misma ecuación
La Jurisdicción Especial para la Paz fue creada por el Acuerdo de Paz de 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC-EP. Es el tribunal encargado de juzgar los crímenes más graves del conflicto armado y su operación es condición jurídica e internacional del proceso de paz.
Un recorte de $185.000 millones en 2027 representaría una reducción significativa frente al presupuesto actual. La JEP tiene en curso varios casos, incluidos crímenes del Ejército Nacional (los denominados “falsos positivos”), paramilitarismo y los propios de las extintas FARC. Una contracción presupuestal podría ralentizar investigaciones y comprometer los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz ante la comunidad internacional.
El debate se da mientras el gobierno negocia con el Congreso la Ley de Presupuesto General de la Nación para 2027. El CARF, organismo técnico independiente, advirtió en días recientes que Colombia podría estar acercándose a niveles de deuda que comprometen la sostenibilidad fiscal a mediano plazo.