La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de Colombia enfrenta uno de sus mayores retos institucionales. Según una investigación exclusiva de El Colombiano, publicada el domingo 27 de septiembre, los cuatro directores que administraron la agencia entre agosto de 2022 y agosto de 2026 —todos con pasado en el grupo insurgente M-19— dejaron un legado de irregularidades que el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella deberá corregir.
El medio antioqueño consultó a miembros y exintegrantes de la DNI que hablaron bajo reserva de identidad. En su testimonio, la entidad encargada de la inteligencia estratégica del Estado fue convertida en un “fortín burocrático” para contratar militantes del movimiento político sin experiencia, mientras se abandonaban sus funciones esenciales de protección nacional.
Los cuatro directores que se sucedieron en el cargo fueron: Manuel Casanova, Carlos Ramón González, Jorge Lemus y René Guarín. González terminó asilado en Nicaragua, imputado por su presunta participación en los sobornos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Lemus acumula investigaciones por reuniones con narcos y terroristas: bajo su jefatura, la Fiscalía y la Procuraduría abrieron expedientes contra su director de Inteligencia Estratégica, Wilmar Mejía, señalado de supuestos nexos con las disidencias de las Farc. Todos compartían su pasado en el M-19, el grupo del que se desmovilizó el propio Petro en los años 90.
De la Espriella nombró al frente de la DNI al general (r) del Ejército Jorge Zuluaga López, uno de los artífices de la Operación Jaque con décadas de experiencia en inteligencia militar. Según El Colombiano, llega a una agencia “en cuidados intensivos” con estos cinco desastres por resolver:
1. Desmantelaron el proceso de selección de personal
Durante el gobierno Petro se simplificaron los requisitos de ingreso a la DNI. Se contrató a personas que no pasaron la prueba del polígrafo —antes requisito indispensable—, incluyendo exintegrantes del M-19 con antecedentes penales por homicidio, secuestro, tráfico de armas y rebelión, según los testimonios recogidos por El Colombiano.
“Esa gente decía cosas absurdas, como que habían prestado el servicio militar en el M-19, y aun así los metían a la nómina”, dijo uno de los exintegrantes al periódico. En algunos casos, señalaron las fuentes, también fueron contratados exmilicianos del ELN y de las Farc, sin que fuera clara su misión.
Según los entrevistados, también se contrató a personas prejubiladas de 60 años con salarios superiores a $8 millones, para inflar el promedio de ingresos de cara a su pensión. El Colombiano estima en cerca de 300 el número de funcionarios vinculados bajo los requisitos simplificados.
2. Abandonaron las operaciones contra las amenazas tradicionales
Antes de agosto de 2022, la DNI mantenía fuentes activas en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Irán, Rusia y China para rastrear movimientos de inteligencia extranjera y criminales colombianos refugiados en esos países. Bajo el gobierno Petro, esas líneas se congelaron porque esas naciones coincidían con la doctrina ideológica del entonces presidente, según los testimonios.
El caso más preocupante, según las fuentes, es el del exdirector que se fue directamente a Nicaragua y pidió asilo: “No creo que lo estén protegiendo de manera gratuita. Él tuvo que haberle entregado a Ortega algunos de los archivos con información confidencial que habíamos recopilado sobre él”, dijo un agente a El Colombiano.
3. La inteligencia de Cuba y Venezuela operó dentro de la agencia
El primer director, Manuel Casanova —filósofo de profesión y sin experiencia previa en inteligencia estatal—, recibió asesoría del G2, la agencia de inteligencia cubana, según los exintegrantes. Viajó a Cuba para recibir instrucción y luego recibía visitas de agentes cubanos en un apartamento de Bogotá. La DNI también habría ejecutado operaciones conjuntas con el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebín) venezolano para localizar en Colombia a opositores del régimen de Maduro, según los testimonios recogidos por El Colombiano.
4. Convirtieron la agencia en una policía gubernamental
Bajo el petrismo, la DNI creó nuevas líneas de trabajo —Seguridad Humana, Corrupción y Paz Total— que, en la práctica, fueron usadas para vigilar opositores y bloquear el ascenso de oficiales contrarios a la “paz total”, según los exintegrantes.
El episodio más grave fue documentado con grabaciones: el director Jorge Lemus se reunió el 19 de agosto de 2025 con el narcotraficante Eduard Ferney Rincón (“Boyaco Sinaloa”) y le pidió que intercediera ante “sus amigos del Congreso” para avanzar un proyecto de ley de sometimiento. También le solicitó acceso al Clan del Golfo para contactar a su cabecilla Jobanis Ávila (“Chiquito Malo”). “A ver si aparece una liniecita y le hacemos”, habría dicho Lemus en la grabación, según El Colombiano.
Adicionalmente, la DNI escondió en un apartamento de Bogotá al cabecilla guerrillero Willington Henao (“Mocho Olmedo”) —pedido en extradición por EE.UU. por narcotráfico— entre febrero y abril de 2025, bajo el argumento de protegerlo como “fuente”.
5. La agencia quedó aislada de la comunidad internacional de inteligencia
La asociación con los servicios de Cuba y Venezuela provocó la salida de las delegaciones del Mossad israelí, el MI-6 británico, la inteligencia española y la CIA, que hasta entonces trabajaban de cerca con la DNI, según los testimonios.
A eso se sumó la suspensión de Colombia del Egmont Group —la red de agencias de inteligencia financiera más importante— en septiembre de 2024, tras la filtración de una comunicación confidencial sobre el software de interceptaciones Pegasus. “Las agencias homólogas prefieren trabajar ahora con la Policía o el Ejército, porque la ven infiltrada por gente de mala reputación”, dijo una de las fuentes al periódico.
Para revertir ese aislamiento, el gobierno De la Espriella restauró las relaciones diplomáticas con Israel, rompió con Irán y vinculó a Colombia al Escudo de las Américas, la coalición de 18 países liderada por EE.UU. para combatir el narcotráfico y el terrorismo.
Fuente: El Colombiano (27 de septiembre de 2026).