El Consejo de Estado decretó en primera instancia la pérdida de investidura del exsenador Iván Leonidas Name Vásquez, de Alianza Verde y expresidente del Senado, al considerar probada la causal de tráfico de influencias —numeral 5 del artículo 183 de la Constitución— durante el trámite de la reforma pensional. La decisión la adoptó la Sala Especial de Decisión 24 el viernes 25 de septiembre de 2026, consta de 129 páginas y fue reseñada por El Tiempo e Infobae Colombia.
El fallo no está en firme: puede ser apelado ante la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Sobre el dinero, la providencia sostiene que recursos de la UNGRD habrían sido utilizados para entregar una dádiva a Name y establece una relación entre ese beneficio y sus actuaciones en el Congreso; la cifra de $3.000 millones proviene del proceso penal que cursa en la Corte Suprema, no de una conclusión de este fallo.
La pérdida de investidura es la sanción más grave que puede recibir un congresista en Colombia: le retira la credencial e implica inhabilidad permanente para ser elegido al Congreso, de ahí que los medios la llamen coloquialmente muerte política. Al no estar en firme, sus efectos dependen de lo que decida la segunda instancia.
Qué encontró el Consejo de Estado
El tribunal analizó la conducta de Name durante el trámite de la reforma al sistema pensional promovida por el Gobierno de Gustavo Petro. Según lo reseñado por El Tiempo, la providencia documentó las sesiones plenarias mediante cuadros con fechas, horarios y soportes audiovisuales y documentales.
El Consejo de Estado concluyó que Name dejó de presidir 14 de las 16 sesiones plenarias examinadas durante ese trámite. El tribunal indicó que no encontró explicación constitucional o legal que justificara que el entonces presidente del Senado se apartara de esa función en la mayoría de esas jornadas, y que la reiteración de esa conducta no correspondió a un hecho aislado o circunstancial.
El fallo también incorporó la declaración del exdirector de la UNGRD Olmedo López, entregada el 26 de agosto de 2024. Según lo documentado en la providencia, López afirmó que la colaboración de Name durante el trámite de la reforma se expresó en la inclusión del proyecto a finales de 2023 para que pudiera discutirse en el período siguiente, y que Name dejaba el asiento de la Presidencia a la primera vicepresidenta para facilitar el manejo de las plenarias.
Pizarro responde: su nombre aparece 85 veces pero el fallo no la acusa
El nombre de la exsenadora María José Pizarro, quien se desempeñó como primera vicepresidenta del Senado, aparece 85 veces en el fallo. El documento hace referencia a su actuación presidiendo las sesiones plenarias en las que Name estaba ausente, en su papel como suplente del presidente de la corporación.
Pizarro aclaró que la providencia no le formula acusaciones. Ni remotamente se puede sostener que haya señalamientos. Eso lo dicen ustedes, no la justicia, dijo la exsenadora en declaraciones recogidas por El Tiempo. También explicó su función: El papel de la primera vicepresidencia es suplir al presidente cuando no está presente. Ese es un mandato legal y para el que fui elegida.
La exsenadora sostuvo, además, que Name no contribuía a la conformación del quórum por sus ausencias, y que ella le insistió en que asistiera a las sesiones para facilitar el desarrollo de los debates.
Contexto: el caso UNGRD y la reforma pensional
La UNGRD ha sido el centro de varios escándalos judiciales durante el gobierno de Gustavo Petro. Su entonces director Olmedo López quedó implicado en presuntos esquemas de corrupción por los cuales terminó siendo detenido. El proceso del que Name forma parte está relacionado con contratos en esa entidad.
Un elemento que conviene registrar: antes del fallo, la Procuraduría General de la Nación le pidió al Consejo de Estado desestimar la demanda, al sostener que no existían pruebas suficientes de que Name hubiera ejercido influencia. La Sala decidió en sentido contrario. Entre los elementos que analizó están los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, ambos exdirectivos de la UNGRD, y la relación política de Name con Carlos Ramón González, entonces director del Dapre, con quien —según la providencia— habló de las dificultades para sacar adelante las reformas del Gobierno.
Paralelamente, el caso judicial contra Name continúa en la Corte Suprema de Justicia. El expediente analizado por el Consejo de Estado incluyó apartes de ese proceso, en particular la forma en que se dirigieron las sesiones de la reforma pensional. La decisión del Consejo de Estado no es la única que recae sobre el exsenador; el proceso penal en la Corte Suprema es independiente y sigue activo.