El presidente Abelardo de la Espriella anunció el 27 de septiembre, por medio de una alocución televisada, que Colombia iniciará conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para buscar una salida a la situación de las finanzas públicas. En el mensaje, De la Espriella dijo: Las finanzas públicas, compatriotas, ya no aguantan más. El saldo está en rojo.
La instrucción fue dirigida directamente al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez. He dado instrucciones claras al señor ministro de Hacienda y a todo el equipo económico para que se pongan al frente de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, añadió el mandatario. El objetivo declarado es encontrar una salida negociada a la crisis. Por ahora, el anuncio no implica un crédito aprobado ni un programa de ajuste acordado: el Gobierno deberá definir qué instrumento pretende negociar y bajo qué condiciones, informó El Colombiano.
Cuáles son las cifras que preocupan
La búsqueda del FMI ocurre en un contexto de deterioro acelerado de las cuentas fiscales colombianas. El propio FMI lo registró en su consulta del Artículo IV, publicada en septiembre de 2025: el déficit del Gobierno Nacional Central llegó a 6,7% del PIB en 2024, frente a 4,2% en 2023. La deuda pública bruta alcanzó 61,2% del PIB al cierre de ese año.
Las proyecciones hacia adelante son más severas. El Banco de la República señaló que el Plan Financiero actualizado contempla para 2027, en un escenario de riesgo en el que no se adopten medidas correctivas, un déficit del Gobierno Nacional Central de 9,4% del PIB y una deuda neta de 66,2% del PIB. Estas cifras no son la meta fiscal oficial del Gobierno, sino el escenario que se configuraría si no se toman acciones a tiempo.
La nota positiva, en términos de solvencia inmediata, viene de las reservas internacionales: a junio de 2025 —el dato más reciente de ese informe, con más de un año de antigüedad— equivalían al 131% de la métrica de suficiencia de reservas del FMI. No hay en esa consulta una medición posterior, así que el nivel actual no se puede afirmar con esa fuente. Esto significa que la búsqueda del FMI no responde a una falta inmediata de liquidez externa, sino a la necesidad de corregir la trayectoria del gasto y la deuda pública.
Colombia y el FMI: una historia de décadas
Colombia es miembro del FMI desde 1945 y ha utilizado diferentes instrumentos del organismo a lo largo de su historia. El acercamiento del gobierno de De la Espriella no es el primero, pero sí ocurre en una coyuntura distinta: el país enfrenta simultáneamente la presión del servicio de la deuda, el impacto fiscal del terremoto de agosto de 2026 y la necesidad de sostener el gasto social sin deteriorar más la calificación soberana.
En los mercados, las señales ya estaban presentes. El artículo de El Colombiano recuerda que los TES colombianos habían llegado a rozar el 13% de rentabilidad, en parte como reflejo de los diferenciales de riesgo soberano que el FMI había advertido en su consulta.
Qué viene ahora
El primer paso será definir qué tipo de acuerdo busca Colombia con el FMI. El organismo ofrece distintos instrumentos: desde líneas de crédito precautorio —que no requieren desembolso y sirven como señal de confianza— hasta programas de ajuste con condicionalidades más exigentes. Y aquí está el dato que cambia la lectura del anuncio: Colombia no es nueva en esto. Tuvo la Línea de Crédito Flexible (LCF) desde que el FMI la creó en 2009 y hasta octubre de 2025, cuando el acuerdo vigente se canceló a solicitud del Ministerio de Hacienda y el Banco de la República, según el propio Banco de la República. Esa línea es un cupo precautorio reservado a países con fundamentos macroeconómicos muy fuertes, y el Fondo había condicionado su renovación tras advertir el deterioro de las finanzas públicas. Es decir: el Gobierno vuelve al FMI menos de un año después de que el país quedara sin el respaldo que había mantenido durante dieciséis años.
La decisión sobre el instrumento tiene implicaciones políticas internas importantes: cualquier condición que imponga el FMI —ya sea en gasto, subsidios o impuestos— deberá tramitarse ante el Congreso y generar apoyo en un Legislativo donde el gobierno no tiene mayoría garantizada. El ministro Gómez Martínez tendrá a cargo las negociaciones técnicas. Los resultados de esas conversaciones determinarán si Colombia puede estabilizar su calificación soberana antes de que el escenario de riesgo del 9,4% de déficit se materialice.