El Departamento de Estado de Estados Unidos revocó las visas de ingreso a su territorio de la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, del Pacto Histórico y el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), y del empresario costeño Euclides Antonio Torres Romero. La medida, anunciada el 28 de septiembre de 2026, se extiende también a sus respectivos núcleos familiares directos.
La revocación forma parte de la política de restricciones de visas de la administración del presidente Donald Trump, aplicada en el marco del Escudo de las Américas, la alianza regional anticrimen impulsada por Washington, a la que Colombia se sumó en 2026 y que hoy integran quince países del continente. Bolivia, Ecuador y Perú también recibieron sanciones contra funcionarios de sus países en el mismo comunicado del Departamento de Estado.
Lo que dijo el Departamento de Estado
En el comunicado oficial, el Departamento de Estado señaló: “Bajo la administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden entrar libremente a Estados Unidos. Esta política restringe la expedición de visas para los ciudadanos extranjeros —y sus familiares directos— que socaven a un gobierno elegido democráticamente mediante actividades de corrupción o narcotráfico en nuestra región.”
El texto añadió: “Socavar a un gobierno elegido democráticamente es una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas, y no será tolerado.”
Las sanciones llegan en un contexto de acercamiento entre Colombia y Washington. Esta semana, el vicepresidente José Manuel Restrepo representó a De la Espriella en la 81ª Asamblea General de la ONU y se reunió con líderes del Escudo de las Américas, alianza que ratificó acciones colectivas e incluyó una primera batería de sanciones contra 24 grupos criminales de la región.
De la Espriella respalda la medida
El presidente De la Espriella respaldó la decisión estadounidense en su cuenta de X. “La seguridad del hemisferio tiene varias aristas en las que los gobiernos aliados trabajamos unidos por el bien de nuestros pueblos. La lucha contra la corrupción, cáncer de la patria, es una bandera con la que estamos comprometidos los gobiernos de Colombia y de los Estados Unidos”, escribió el mandatario.
En un segundo mensaje publicado también en X, De la Espriella criticó a quienes son investigados por corrupción: “Los inescrupulosos que defraudan al pueblo no pueden seguir disfrutando de sus pillajes, moviéndose libremente por el continente ni paseando con sus familias, mientras las sociedades a las que han desfalcado ven a sus niños sufrir desnutrición y falta de agua, y vivir en la miseria.”
El mandatario adelantó que las medidas se ampliarán: “La lucha apenas empieza; pronto se ampliará no solo en número, sino también en decisiones administrativas. La lista de la Ofac es otro camino para cerrarle la puerta a la impunidad y combatir la corrupción.”
El proceso judicial de Martha Peralta en Colombia
Martha Peralta tiene abierta una investigación en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, a cargo de la magistrada Cristina Lombana Velásquez, por los presuntos delitos de cohecho impropio y tráfico de influencias. La investigación, iniciada en mayo de 2026, la vincula al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Según la Fiscalía, Peralta habría actuado como enlace con el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, para presuntamente direccionar contratos a cambio de respaldo político durante el gobierno de Gustavo Petro. Uno de los contratos señalados, por $2.170 millones y relacionado con maquinaria en La Guajira, habría sido suscrito en octubre de 2023.
El proceso avanzó más allá de la investigación formal: en junio de 2026 la Corte Suprema ordenó su conducción para indagatoria y le impuso una medida de aseguramiento de detención domiciliaria, que el propio tribunal mantuvo el 19 de junio al rechazar un hábeas corpus presentado por su defensa. Una medida de aseguramiento es una decisión cautelar que se adopta mientras el proceso avanza y no equivale a una condena: Peralta no ha sido condenada por estos hechos.
Tras conocerse la revocación de su visa, Peralta declaró que desconoce los motivos y que iniciará un proceso ante la Cancillería colombiana para obtener claridad sobre lo ocurrido.
El proceso judicial de Euclides Torres
Euclides Antonio Torres Romero, empresario del Caribe colombiano y cabeza de un grupo de empresas con amplia contratación estatal, ha sido citado a declarar ante la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades en la financiación de campañas del Pacto Histórico. La Fiscalía colombiana señaló que Torres habría financiado la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y que Nicolás Petro, hijo del expresidente, habría recibido dinero de Torres, incluyendo un apartamento en Bogotá. Torres también ha sido señalado por su cercanía con Armando Benedetti. Ninguna de estas investigaciones ha concluido con una condena.
Las sanciones en la región
La batería de restricciones de visas del Departamento de Estado no se limitó a Colombia. Bolivia, Ecuador y Perú también recibieron sanciones contra funcionarios y magistrados señalados de corrupción, vínculos con el narcotráfico o de actuar en contra de sus respectivos gobiernos elegidos democráticamente. La medida forma parte de los compromisos asumidos en el Escudo de las Américas, que agrupa a los países aliados de Washington en la región. El Colombiano reportó que en Bolivia las sanciones apuntan a funcionarios señalados de obstaculizar investigaciones contra el narcoterrorismo o de actuar en favor de intereses del expresidente Evo Morales.