Colombia tiene 261.000 hectáreas de cultivos ilícitos y un gobierno que quiere reactivar la fumigación aérea después de años sin ese instrumento. La ruta que eligió el presidente Abelardo de la Espriella comenzaba en Putumayo, donde la Policía Antinarcóticos tiene detectadas 40.565 hectáreas de coca: un piloto de siete días con glufosinato de amonio en hasta 1.000 hectáreas, autorizado por la Resolución 0007 de 2026. La justicia lo detuvo el 11 de septiembre y el 22 de septiembre un juzgado administrativo de Mocoa mantuvo ese bloqueo en primera instancia. Y los datos de la Policía Antinarcóticos revelan por qué la tarea era difícil desde el principio: el 86,7% de la coca de Putumayo no puede fumigarse.
Lo que frenó el juzgado y los argumentos en disputa
El Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa amparó los derechos de los accionantes y ordenó a los ministerios de Justicia y Defensa, al Consejo Nacional de Estupefacientes y a la Dirección de Antinarcóticos de la Policía abstenerse de ejecutar las aspersiones autorizadas por la Resolución 0007 de 2026, según reportó El Tiempo. Es una decisión de primera instancia, según CAMBIO, y llegó once días después de un primer fallo que ya había suspendido el piloto el 11 de septiembre. La medida es temporal y preventiva: permanecerá vigente hasta que las entidades demuestren de manera integral el cumplimiento de condiciones constitucionales, legales, ambientales, sanitarias, participativas y de consulta previa.
El juzgado también cuestionó que no se hubieran identificado públicamente los polígonos de intervención. El gobierno respondió que no existe un polígono operacional definitivo, aunque sí se delimitaron con precisión las zonas donde el programa no podría realizarse. Otro punto en disputa: los accionantes argumentaron que el glufosinato de amonio —el herbicida del piloto, distinto al glifosato— debería someterse a los mismos criterios que la Corte Constitucional fijó para las aspersiones con glifosato. El gobierno rechazó esa comparación: señaló que trasladar automáticamente esa jurisprudencia a otro herbicida no tiene sustento, y cuestionó que el principio de precaución se aplicara de modo que exigiera demostrar riesgo cero, una condición que la propia jurisprudencia constitucional considera inviable.
El piloto todavía no había comenzado cuando llegó la orden judicial. La Resolución 0007 autorizaba un ensayo de siete días con glufosinato ammonium 200 SL en un área máxima de 1.000 hectáreas. El gobierno había diseñado esa prueba como punto de partida para extender la estrategia a otras regiones del país.
Los 9 municipios disponibles y el mapa de restricciones
La Policía Antinarcóticos cruzó el inventario de coca con las restricciones territoriales vigentes y encontró que 35.164 de las 40.565 hectáreas de coca detectadas en Putumayo tienen algún tipo de protección que impide la fumigación. Eso deja disponibles apenas 5.401 hectáreas, el 13,3% del total, repartidas en nueve municipios.
Las restricciones que bloquean el 86,7% restante se distribuyen así, según datos de las entidades involucradas reportados por Infobae el 29 de septiembre:
- 14.946 hectáreas vinculadas al programa RenHacemos
- 5.426 hectáreas en resguardos indígenas
- 5.387 hectáreas bajo el Plan de Manejo Ambiental de la ANLA
- 4.419 hectáreas con pretensiones étnicas o fallos judiciales
- 2.102 hectáreas en zonas de frontera
- 1.621 hectáreas en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS)
- 1.003 hectáreas dentro de parques nacionales naturales
- 260 hectáreas en consejos comunitarios
Las áreas disponibles para intervención se concentran en nueve municipios: Puerto Asís lidera con 1.647 hectáreas; le siguen Orito (1.111), Puerto Guzmán (799), Valle del Guamuez (787), Puerto Caicedo (571), Villagarzón (267), Leguízamo (161), San Miguel (38) y Mocoa (22). Aun con ese universo disponible, el piloto solo podría intervenir 1.000 hectáreas en su primera fase.
El gobierno apela y los trámites que siguen pendientes
El 25 de septiembre, delegados de la Presidencia de la República y de los ministerios de Defensa, Justicia, Interior y Salud, junto con la Policía Nacional, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), presentaron una impugnación formal ante el mismo juzgado, según informó Infobae.
Los argumentos de la apelación tienen tres ejes. Primero: el piloto no había comenzado y conservaba trámites pendientes ante la ANLA, la Aeronáutica Civil y la Autoridad Nacional de Consulta Previa, de modo que no existía una amenaza inminente que justificara bloquearlo mediante una tutela cuando aún era posible acudir a medidas cautelares ordinarias ante la justicia administrativa. Segundo: el fallo no explicó por qué esas vías resultaban insuficientes. Tercero: la traslación de los criterios del glifosato al glufosinato carece de sustento porque son sustancias con marcos regulatorios distintos.
El piloto sigue detenido en tanto se resuelva la impugnación. Colombia tiene, según la Policía Antinarcóticos, 261.000 hectáreas de cultivos ilícitos en todo el territorio. Incluso si el piloto de Putumayo arrancara y se ejecutara al máximo de las áreas disponibles, intervendría el 2,5% de la coca de ese departamento y el 0,38% de la coca nacional.