La Procuraduría General de la Nación identificó riesgos financieros y operativos en el contrato que Air-e S.A.S. E.S.P. suscribió con la empresa china China National Machinery Exports and Imports Corporation (CMC), con un valor de hasta $2 billones de pesos. El Ministerio Público informó el 5 de octubre que adelanta vigilancia preventiva sobre el acuerdo en el marco de la mesa integral de su estrategia “Paz Energética”, según el comunicado difundido por Zona Cero y El Heraldo.
Por qué la Procuraduría prendió las alarmas
Después de requerir información a Air-e y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el Ministerio Público analizó el contrato, sus anexos y la documentación recopilada durante el seguimiento. El análisis identificó aspectos que requieren vigilancia especial por sus posibles efectos sobre las finanzas de la empresa intervenida y sobre la continuidad del servicio de energía en la región Caribe.
La Procuraduría precisó que la cantidad de recursos comprometidos justificó iniciar una revisión preventiva para examinar los efectos del contrato suscrito el 19 de agosto de 2026 por el agente especial de Air-e, Jaime Humberto Mesa Buitrago.
Cinco agentes especiales bajo revisión
El Ministerio Público también avanza en la revisión de las actuaciones de los agentes especiales que han dirigido la empresa intervenida: Edwin Palma Egea, Diana María Bustamante Rueda, Nelson Javier Vásquez Torres, Tania Patricia Peñaranda Zuleta y Jaime Humberto Mesa Buitrago, quien firmó el contrato con CMC.
El propósito de la revisión es reconstruir la trazabilidad completa de la negociación, establecer qué participación y qué decisiones tomó cada administración, y determinar las eventuales responsabilidades y los riesgos derivados del proceso de estructuración y firma del negocio. Así lo informó la Procuraduría en comunicado del 5 de octubre.
Air-e: 1,4 millones de usuarios y una intervención que va para dos años
Air-e distribuye energía eléctrica a cerca de 1,4 millones de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira, según El Heraldo. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios la mantiene intervenida desde 2024, y Jaime Humberto Mesa Buitrago es el quinto agente interventor en asumir el cargo desde entonces, según El Heraldo y Caracol Radio. En mayo de 2026, la Procuraduría ya había cuestionado la falta de resultados concretos en la empresa intervenida, según informó la Revista Semana.
La Procuraduría sostuvo que la “Paz Energética” exige anticiparse a los riesgos “antes de que se conviertan en problemas para la prestación del servicio”, e indicó que continuará con su vigilancia preventiva y de control de gestión sobre Air-e, el contrato con CMC y las decisiones que se adopten frente a la empresa.