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La reciente declaratoria del estado de Conmoción Interior por parte del Gobierno Nacional, en reacción a la crisis de seguridad en el Catatumbo, genera dudas y preocupaciones en el sector minero-energético, según comentó la Asociación Colombiana de Minería (ACM).
Además, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que reconsidere la forma en la que hasta el momento se ha manejado esta difícil situación, pues quedan “serias dudas sobre si realmente los hechos de violencia en el Catatumbo que motivan el estado de Conmoción Interior fueron imprevisibles e inesperados”.
Foto:iStock
“La crisis de seguridad no es nueva, durante dos años la ciudadanía y diferentes sectores: autoridades locales, opinión pública, líderes de opinión y los gremios hemos venido advirtiendo insistentemente sobre el deterioro del orden público, la pérdida de control territorial y el avance de grupos ilegales”, dijo la ACM.
Igualmente, manifestó que esta región ha sido un foco clave en la implementación de la política de Paz Total, una estrategia que, por su impacto directo en la seguridad y el bienestar de los colombianos, debió estar acompañada de un riguroso monitoreo de indicadores de violencia y deterioro social.
“En una situación como esta, se esperaría un manejo responsable de los recursos y una estrategia clara para garantizar la seguridad y la estabilidad en la región. ¿Por qué, entonces, no se administraron los riegos advertidos y no se puso en marcha toda la capacidad del Estado para atenderlos con la anticipación debida?”, agregó el gremio.
Presidente de la ACM, Juan Camilo Nariño. Foto:ACM
Así mismo, la ACM aseguró que es “preocupante” que se utilice una figura excepcional como la Conmoción Interior, “cuya procedencia en este caso no es clara”, para decretar impuestos a un sector que ya ha venido siendo afectado.
El gremio se refiere específicamente a un impuesto temporal del 1 por ciento que se anunció para las exportaciones de petróleo y carbón, a través de la cual se busca recaudar 214.000 millones de pesos para atender la crisis en el Catatumbo.
“Esta figura constitucional no puede convertirse en una herramienta para corregir la falta de previsión, las deficiencias en la gestión y administración del Estado, ni en un “fast track” para revivir iniciativas legislativas y tributarias que no avanzaron en el Congreso”, afirmó Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM.
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