Justicia en Acción: 25 exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia enfrentan condena en Bogotá.

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá dispuso la condena de 25 exmiembros del desaparecido bloque Tolima, parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), por su involucramiento en 105 actos delictivos cometidos entre 1995 y 2005.

Como anunció la Fiscalía, los delitos abarcan asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamientos masivos, destrucción de bienes protegidos y agresiones contra comunidades étnicas. Las penas impuestas varían entre 20 y 40 años de cárcel, aunque los condenados disfrutarán de la pena alternativa de ocho años prevista en la Ley de Justicia y Paz.

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Según la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía, los crímenes llevados a cabo por este grupo paramilitar causaron un profundo efecto en la población civil del Tolima, dejando una huella de violencia y despojo en diversas comunidades.

Los actos más graves documentados incluyen masacres, desplazamientos forzados y la usurpación de tierras, acciones que impactaron tanto a la población en general como a comunidades indígenas y afrodescendientes.

Entre los condenados se encuentran figuras relevantes del bloque Tolima, como Atanael Matajudíos Buitrago, alias Juancho, que ocupó el segundo puesto en la jerarquía del grupo y dirigió el Frente Norte; Diego Hernán Vera Roldán, alias Águila, líder de operaciones militares; Ricaurte Soria Ortiz, alias Jetechupo u Orlando Carlos, encargado de la gestión financiera en el sur; y José Albert Rivera Vera, alias Diecinueve.

Adicionalmente, se sentenciaron a otros integrantes que ocupaban roles como patrulleros, miembros de escuadras y responsables de operaciones de contraguerrilla.

El tribunal constató que estos exparamilitares participaron en una serie de actos violentos que abarcaban masacres, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Según lo reportó la Fiscalía, estas acciones tenían como objetivo consolidar el dominio territorial del grupo y eliminar cualquier oposición, ya sea real o percibida, en las regiones bajo su control.

Es relevante señalar que entre los crímenes que condujeron a la condena se halla la masacre de Montefrío, ocurrida en el municipio de Natagaima, donde 10 personas fueron asesinadas. Otro caso significativo es la masacre de Montoso, en Prado, donde fue ejecutado Humberto Millán Millán, presidente de la Junta de Acción Comunal de la localidad.

Asimismo, se documentaron la masacre del Neme, donde cuatro residentes fueron torturados y asesinados, y la masacre de Santiago Pérez, en la cual tres personas fueron ejecutadas tras ser erróneamente acusadas de ser aliadas de grupos guerrilleros.

Aparte de los asesinatos, el tribunal determinó que el bloque Tolima estuvo implicado en el desplazamiento forzado de cientos de personas,así como en la apropiación de terrenos y propiedades. Estas acciones impactaron severamente a comunidades indígenas y afrodescendientes, que fueron blanco de persecución y despojo.

Como parte del fallo, la Sala de Justicia y Paz ordenó la extinción del dominio sobre tres propiedades entregadas por Ricaurte Soria Ortiz, apodado Jetechupo. Estas tierras serán destinadas a la reparación de las víctimas, que comprenden 69 personas afectadas directamente y 74 de manera indirecta por los delitos juzgados en esta resolución. Adicionalmente, se beneficiarán 33 víctimas directas y 45 indirectas de otros incidentes previamente atribuidos al bloque Tolima.

El tribunal también fue responsable de imponer sanciones económicas a los condenados, que oscilan entre 9.000 y 58.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. De igual manera, se les inhabilitó para ocupar cargos públicos, como parte de las sanciones complementarias.

A pesar de la gravedad de los delitos, los 25 exparamilitares se beneficiaron de la Ley de Justicia y Paz, que establece penas alternativas para quienes cooperen con la justicia y contribuyan a la reparación de las víctimas. En este sentido, las condenas de hasta 40 años de prisión fueron disminuidas a ocho años, siempre y cuando cumplan con los criterios establecidos por la normativa.