La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (automóvil) ha intensificado su lucha contra los delitos ambientales en la zona bajo su jurisdicción. En lo que va de 2024, la entidad ha implementado más de 60 Operaciones de control y vigilancia ambiental, en colaboración con el Ejército Nacional, la Policía y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
Las intervenciones se han enfocado en actividades delictivas como la minería ilegal, las quemas a cielo abierto para la producción de carbón vegetal, el uso ilícito de recursos naturales, entre otras prácticas que impactan gravemente los ecosistemas.
La planificación rigurosa es esencial para el éxito de estas operaciones. Nuestros profesionales trabajan junto con la fuerza pública para actuar en el momento oportuno y con las garantías legales necesarias.
Estas operaciones han sido dirigidas por la UNIDAD INTEGRADA DE Gobernabilidad Ambiental (UIGA), un equipo especializado que incluye profesionales de diversas disciplinas como abogados, biólogos, geólogos e ingenieros forestales, ambientales y mineros. Su labor se centra en identificar casos de alto impacto y actuar de manera metódica para sorprender a los responsables en flagrancia, lo que permite aplicar medidas preventivas de inmediato y remitir los casos a la Fiscalía General de la Nación.
La minería también está en la mira. Foto:AUTO
“La planificación rigurosa es esencial para el éxito de estas operaciones. Nuestros profesionales trabajan de la mano con la fuerza pública para actuar en el momento preciso y con todas las garantías legales”, explicó Alfred Ballesteros, Director General de la CAR. El funcionario destacó que las acciones han sido desplegadas desde las 14 direcciones regionales que conforman la autoridad ambiental, lo que ha permitido una cobertura amplia del territorio.
El trabajo que realizamos desde la UIGA es una apuesta por una gobernanza ambiental efectiva, que no solo imponga sanciones, sino que construya conciencia y capacidad de reacción.
Según la CAR, cada intervención proviene de un trabajo previo de seguimiento y análisis que permite identificar los casos más complejos y con mayores afectaciones ambientales. Muchos de estos delitos se cometen de manera clandestina, lo que exige un esfuerzo de inteligencia ambiental que combine tecnología, conocimiento técnico y coordinación interinstitucional.
Las quemas causan un grave daño ambiental. Foto:AUTO
Durante los operativos, los equipos determinan las medidas preventivas que deben aplicarse según la gravedad del delito ambiental y garantizan la gobernanza del territorio mediante el trabajo conjunto con las comunidades, autoridades locales y demás entidades competentes.
“El esfuerzo que hacemos desde la UIGA es una apuesta por una gobernanza ambiental efectiva, que no solo imponga sanciones, sino que construya conciencia y capacidad de reacción institucional ante la ilegalidad ambiental”, agregó Ballesteros.
Los resultados, según la CAR, incluyen un número significativo de capturas y la imposición de medidas preventivas que buscan detener el daño ambiental de forma inmediata. En 2025, ya se han llevado a cabo 12 operaciones adicionales y se espera cerrar el año con más de 60 acciones nuevas, superando ampliamente las cifras del año anterior.
Este enfoque operativo ha permitido fortalecer el ejercicio de autoridad ambiental y avanzar en la protección de los recursos naturales, especialmente en zonas sensibles del departamento donde la presión sobre el medio ambiente ha aumentado en los últimos años.
La entidad insiste en que continuará actuando con determinación y mano firme frente a quienes intentan degradar el patrimonio natural del territorio. Las acciones de control seguirán con el mismo rigor en lo que resta del año, como parte del compromiso institucional con el medio ambiente y el cumplimiento de la ley.
Carol Malaver
Subdirectora Bogotá
Escríbanos a carmal@eltiempo.com
