Un reciente estudio de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) alerta que, al menos, 47.000 individuos que residen en Inzá y Páez, en el Oriente del Cauca, enfrentan Limitaciones en su Movilidad debido a los enfrentamientos entre Grupos Armados y OTRAS acciones que evidencian su constante presencia.
En este contexto, se añade un grave panorama de ataques contra las fuerzas del orden y la población civil en zonas de Santander de Quilichao, al norte del Cauca, como los incidentes más recientes que ocurrieron en el casco urbano y en la vereda de Monondomo, el miércoles y el jueves santo, el 16 y 17 de abril pasados.
“Cerca de 47,000 personas afrocolombianas, indígenas y campesinas provenientes de los municipios de Inzá y Páez sufren restricciones en su movilidad, las cuales agravan la seguridad alimentaria, el desarrollo comunitario, la autonomía económica y limitan sus derechos. Los Grupos Armados No Estatales (NSAG, por sus siglas en inglés) en el territorio restringen el acceso a servicios básicos, deteriorando las condiciones de salud, seguridad y acceso a educación, impactando gravemente a niñas, niños y adolescentes”, indica una parte del informe de OCHA, de la ONU.
Menores de Edad Reclutados rescatados por las autoridades. Foto:Militares de Fuerzas
“En Inzá y Páez, a pesar del elevado número de casos reportados de reclutamiento, uso y utilización, persiste un subregistro asociado al bajo nivel de denuncias por parte de las familias y comunidades, así como a la escasa respuesta institucional en relación con las rutas de atención y reclutamiento, y las amenazas por parte de los NSAG (Grupos Armados No Estatales), junto con las limitaciones en la gestión de la información debido a la falta de denuncias oficiales”, señala el informe.
Frente a esta problemática, desde Naciones Unidas han solicitado la implementación de medidas de prevención y respuesta en relación con el reclutamiento de menores. Además, piden protección para las comunidades afectadas.
“Es necesario fortalecer la protección integral de las comunidades, estableciendo rutas que aborden los temas de seguridad y derechos de niños, niñas, adolescentes, y líderes y lideresas sociales, así como fomentar el acceso a información y servicios sobre derechos sexuales y reproductivos, así como promover la equidad de género y la prevención de la violencia”, agrega el informe de OCHA.
En Inzá y Páez
Entre el 26 de febrero y el 7 de marzo del presente año, se llevó a cabo una evaluación de prioridades comunitarias (EPC) para los municipios de Inzá y Páez, con la colaboración de UNICEF y OCHA. La implementación de la evaluación permitió priorizar las necesidades humanitarias y formular recomendaciones comunitarias para las acciones de respuesta humanitaria y atención institucional. Durante el diálogo, se trabajó en grupos de dos a cinco personas aproximadamente, dondeparticiparon Mujeres y Hombres tanto indígenas como campesinos.
“Entre los descubrimientos más significativos de la EPC, se encuentran las alertas emitidas por las comunidades acerca del aumento en el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, la imposición de códigos de conducta, el cobro de extorsiones, las amenazas, los homicidios y los retenes ilegales por parte de diversos nsag que están presentes en la región, así como las acciones armadas (enfrentamientos y combates) que han ocasionado desplazamientos forzados y confinamientos en los territorios. Los nsag ejercen control en estas áreas.”
Asistencia a heridos y lesionados en Mondono, Cauca. Foto:Santiago Saldarriaga / Enviado Especial El Tiempo
Más de 800,000 personas enfrentan una crisis humanitaria
OTRO Informe del Equipo Humanitario País (EHP) señala que el Cauca realmente atraviesa una grave crisis humanitaria. MÁS DE 800,000 PERSONAS ENFRENTAN RESTRICCIONES SEVERAS DE MOVILIDAD Y ACCESO A SERVICIOS ESENCIALES COMO EDUCACIÓN, SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y ALIMENTACIÓN DEBIDO AL CONFLICTO ARMADO.
“Estamos alarmados por la grave crisis humanitaria y las continuas violaciones al derecho internacional humanitario que ponen en riesgo la vida de miles de civiles”, comunicó el EHP en su declaración, destacando ataques directos contra comunidades, víctimas de minas antipersonales y representantes residual de grupos armados.
El conflicto también impacta de manera desproporcionada a niños, adolescentes, mujeres embarazadas y en lactancia, personas con discapacidad y ancianos.
Líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Paz se hallan en particular peligro debido a amenazas constantes.
EN 2024 SE REGISTRARON 47 INCIDENTES QUE IMPACTARON EL ACCESO HUMANITARIO Y ATAQUES DIRECTOS CONTRA MISIONES MÉDICAS, LIMITANDO SIGNIFICATIVAMENTE LA CAPACIDAD DE LAS ORGANIZACIONES PARA OFRECER ASISTENCIA.
Michel Romoleroux
Especial para el tiempo
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